Denuncian desatención a casos de violencia política en Oaxaca

La presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo, denunció a las autoridades estatales como las principales promotoras de la violencia de género, ante la omisión que hacen de las denuncias que ha presentado por actos misóginos en su contra y que incluso la ha llevado a recurrir a instancias federales.

En conferencia de prensa, señaló que la lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos electorales no es de ahora, sino por el contrario lleva 10 meses desde el día en que el síndico municipal, Pablo Ánica Valentín, y el regidor de Hacienda, Eloy Vargas Alberto, trataron de impedir que asumiera el cargo como edil electo.

Acusó que pese a que cuenta con una resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconoce la violencia de género en su contra, recientemente el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca resolvió en su contra y le exigió restituir en sus cargos a sus principales agresores, a quienes de acuerdo con el documento tendría que pagarles su dieta sin haberse presentado a desempeñar funciones propias de sus cargos.

“Ni el gobernador, ni las instituciones, ni el Tribunal Estatal están haciendo valer mis derechos como mujer y presidenta municipal. La violencia de género sigue, no ha parado y el gobierno no hace nada, al contrario me ponen obstáculos para no desempeñar el cargo”, dijo.

Por lo anterior presentará una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de echar abajo la resolución del órgano electoral estatal la cual carece de perspectiva de género y se emite con actitud misógina, de acuerdo cicla denunciante.

“No es justo lo que está pasando, el gobierno sigue respaldado al síndico municipal que ha violentado mis derechos, yo estoy sufriendo política y nadie está haciendo nada para ayudarme”, sentenció.

De acuerdo con Caballero Melo quienes integran LXIII Legislatura al interior del Congreso local, también han incurrido en omisiones graves ya que desde el pasado 16 de mayo se presentó una solicitud de revocación del mandato del síndico y el regidor de Hacienda, a la cual cuatro meses después no hay respuesta, pese a que fue respaldada con las firmas de habitantes de la localidad.

Por su parte Anabel López Sánchez, representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, dijo que pese a que la violencia política está tipificada como delito, no existe seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, cuyos representantes no han realizado siquiera las investigaciones que permitan conocer la problemática.

Así mismo, detalló que las sentencias por que han resuelto los órganos electorales federales, por sí solas, no han garantizado aún que las mujeres puedan desempeñar plenamente sus cargos políticos, como es el caso de Samantha Caballero, por lo que exigió que vayan acompañadas de acciones contundentes y sanciones que obliguen a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

“La justicia no puede ser tan limitada, de ser así abona a la violencia en contra de las mujeres, lo cual no puede suceder en medio de un proceso electoral en curso”, manifestó.

Finalmente, López Sánchez aseguró que son los partidos políticos los principales agresores contra las mujeres al momento de incursionar en la política, y en segundo término las autoridades estatales que actúan de forma omisa ante las constantes denuncias realizadas por las afectadas.

Cabe señalar que casos similares viven Irma Aguilar Raymundo y Yareli Cariño López, quienes a pesar de contar con resoluciones electorales a su favor, actualmente cuentan con medidas cautelares por parte de la CNDH para ejercer el cargo de presidenta y sindica municipal respectivamente en los municipios de San Pedro Atoyac y Pinotepa Nacional.