Más de 80 organizaciones defensoras de los derechos humanos de 23 estados de la República  pidieron a las autoridades de Oaxaca solucionar el conflicto agrario que existe entre San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, comunidades mixes ubicadas en la región de la Sierra Norte de la entidad. 

Aunque el conflicto entre ambas comunidades lleva siglos de historia, a causa de despojo de tierras, según ha documentado Ayutla, la confrontación creció luego de que en 2017 Tamazulápam invadió una franja de 200 hectáreas donde se asienta el manantial que proporciona agua a la cabecera de Ayutla, donde habitan unas 3 mil personas. 

El 5 junio de ese año, el conflicto derivó en un ataque armado de parte de Tamazulápam a comuneros desarmados de Ayutla, lo que dejó una persona muerta y seis más heridas. Además, cuatro mujeres fueron retenido y torturadas. Luego, Tamazulápam destruyó la infraestructura hidráulica de su vecino y desde entonces Ayutla no tiene acceso al agua potable.  

Según el comunicado, encabezado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) y la Red Nacional de Organismos Civiles Yodos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), a dos años de los hechos violentos los organismos constataron que la comunidad sigue sin ejercer su derecho al agua, pues no han sido reconectada a su manantial, conocido en Ayuuk como Jënanyëëj.

Las asociaciones aseguran que, derivado de un trabajo de campo se detectaron 27 familias que fueron desplazadas por la invasión de Tamazulápam, que buscan recorrer los límites asentados en documentos oficiales. 

"Recogimos testimonios de pobladores que denuncian la presencia de personas armadas y pudimos ver los restos de su presencia en inmediaciones del manantial", aseguran. 

Desde el inicio del conflicto, Ayutla ha insistido que Tamazulápam no necesita el agua del manantial, que oficialmente le pertenece a la primera comunidad, pues cuenta con más concesiones hídricas según su propio Plan de Desarrollo Municipal, por lo que han acusado que los invasores han tomado al agua como rehén. 

El documento de la red de organismos defensores destaca que se han llevado acabo 30 reuniones con autoridades, con la finalidad de solucionar el conflicto, lo que ha derivado en tres acuerdos para el acceso al agua, mismos que, posteriormente, fueron incumplidos por Tamazulápam.

Recientemente, tras el anuncio de un "acuerdo histórico" en mayo, la Secretaría General de Gobierno (Segego) mandató a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para reconectar el agua a ambas comunidades, pero a más de un mes de esto, Ayutla sigue sin agua. 

La comunidad desconoció el acuerdo anunciado y aseguró que Tamazulapam coloca tuberías en sus terrenos para llevar el agua del manantial por “gravedad”, sin mediar un acuerdo de paso, vulnerando así su territorio, ante ello, han alertado por posibles despojos.

En el comunicado también se denuncian amenazas de muerte para activistas como  Elena Yasnayá Gil, académica y defensora de la lengua y cultura Ayuuk, así como otras personas de la comunidad que han sido víctimas de agresiones e intimidación. 

Por estos hechos, los organismos defensores pidieron al gobierno estatal priorizar la solución del conflicto a través de un acuerdo pacífico y acceso a la justicia para las víctimas. 

También piden "respeto a la historia y documentos que guardan la memoria de los límites entre ambas comunidades". 

A la Segego exigieron "apegarse a los acuerdos firmados y reconocidos por ambas comunidades, entre ellos el de mayo de 2018, para evitar nuevos hechos de violencia y despojo hacia pobladores".  

Mientras que a la Comisión Estatal del Agua pidieron que garantice la terminación de las obras de reconexión para Ayutla; a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, continuar con las investigaciones para sancionar a los responsables por los hechos del 5 de junio de 2017, y a la Secretaría  de Seguridad Pública de Oaxaca, garantizar la integridad de los habitantes. 

"Las organizaciones firmantes anunciamos que estamos vigilando la situación que prevalece en la zona, nos preocupa una mayor escalada de violencia y el riesgo de nuevas agresiones que pueden sufrir mujeres defensoras que se movilizan para garantizar el acceso al agua de su comunidad", concluyen. 

 

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