Paraíso en disputa: Comuneros de Pochutla buscan recuperar 8 mil hectáreas cedidas a Tonameca

Playas de aguas cristalinas y con gran atractivo turístico para Oaxaca siguen en disputa entre comuneros de San Pedro Pochutla y de Santa María Tonameca, municipios de la región Costa. Tan sólo en Tonameca están en disputa playas tan conocidas como Escobilla, Santa Elena, Mazunte, San Agustinillo y Agua Blanca, algunas de ellas son santuarios de tortugas marinas.

Según Oralia Ruiz Carmona, representante de la organización Bahía Metlapil, comuneros de San Pedro Pochutla aún buscan recuperar, por vía jurídica, un total de 8 mil hectáreas, pues aseguran que fueron cedidas de forma ilegal al municipio vecino de Santa María Tonameca.

De acuerdo con la activista, aún está pendiente una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) sobre la elección de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, del año 2012, la cual fue impugnada y cuyos miembros, entonces encabezados por Eleazar Ramírez Rojas, acordaron ceder 8 mil 360 hectáreas a Tonameca.

La pretensión es que se invalide esa elección y con ello todos los acuerdos y procedimientos que se hayan hecho durante su administración, incluidos aquellos en que cedieron las tierras a cambio de una indemnización realizada por el gobierno federal, que ascendió a 50 millones de pesos.

Foto: Tomada de Facebook

Desconocen a autoridades

Fue en 2017 cuando el Tribunal Superior Agrario de la Federación emitió una resolución en la que declaró que todas las autoridades agrarias electas desde hace nueve años —anteriores a 2017— carecían de validez, porque no reconocía a los comuneros que participaron en sus respectivas elecciones.

Para el tribunal, los únicos comuneros auténticos son los que aparecen una resolución que data de 1953 y quienes, en su mayoría, ya murieron. Asimismo, se desconocieron a las autoridades agrarias que acordaron ceder las tierras a Tonameca.

Según la resolución presidencial de 1953, a San Pedro Pochutla le corresponden 73 mil 898 hectáreas de tierras, pero en la resolución de 1986 sólo se le reconocen 37 mil 257, a raíz de que Santa María Huatulco y Santa María Tonameca se “independizaron” de San Pedro Pochutla.

Actualmente, el núcleo agrario de Pochutla está constituido por 36 anexos comunales, con unos 2 mil 941 comuneros, asegura Ruiz Carmona. Las diferentes resoluciones y las impugnaciones sobre las elecciones de sus órganos de representación agraria, Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, agravan la incertidumbre jurídica sobre la propiedad de la tierra y los paraísos que resguardan.

“En esta resolución se revelarían nombres y apellidos de quienes estuvieron detrás de la aprobación y del manejo del recurso económico que autoridades agrarias otorgaron a los comuneros de Pochutla”, afirma la representante de Bahía Metlapil.

Ruiz Carmona detalla que de la impugnación de las autoridades electas en 2012 se desprende una denuncia realizada por Genaro Ramos, comunero de Pochutla, quien aseguró que hubo irregularidades en el proceso.

Foto: Tomada de Facebook

“Según las autoridades, existe un acta de acuerdos, fechada en marzo de 2012, asamblea que nunca existió, pues los acuerdos los tomaron a espaldas de la población”, menciona.

Además, señala que no sólo se busca la anulación de la elección del Comisariado de Bienes Comunales de ese año, sino también aclarar el destino de los 50 millones de pesos que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) entregó a los Bienes Comunales de Pochutla, como indemnización por ceder las tierras a Tonameca.

De acuerdo con Oralia Ruiz, cinco de los 50 millones de pesos se otorgaron a una barra de abogados de la ciudad de Oaxaca. Mientras que 38 millones presuntamente se repartieron entre 2 mil 941 comuneros que pertenecen al núcleo agrario de Pochutla, es decir, a cada uno le tocó al menos 12 mil pesos.

“El resto de este recurso se guardó en una cuenta bancaria en la institución financiera denominada Scotiabank Inverlat, S. A.; sin embargo, cuando salió Eleazar Ramírez Rojas, en 2015, y entró el nuevo comisariado Rigoberto Díaz, ese recurso ocasionó otra problemática debido a que este hombre, a principios de su elección en 2015, muere en un accidente automovilístico junto con su secretario y tesorero.

“Aquí deriva otra complicación, porque estos últimos representantes comunales se habían adjudicado el recurso restante [más de 2 millones y medio de pesos] a sus cuentas personales y hasta el momento este dinero no se ha podido recuperar, pues las viudas entraron en discordia”, finaliza.