En su Informe Técnico 2019, la minera apunta que primero es necesario obtener los permisos para que se realicen las perforaciones en otras concesiones que les han sido otorgadas por el gobierno federal dentro de este territorio.
“Las comunidades afectadas desde la imposición del proyecto minero han manifestado nuevamente su rechazo, exigiéndole a la Semarnat delegación Oaxaca que no autorice esta solicitud de la empresa minera, puesto que a partir del derrame de los jales secos de octubre de 2018, quedaron evidenciados los incumplimientos de la empresa, los daños al medio ambiente, la salud de la población, así como todo el acumulado de conflictos sociales en San José del Progreso y en la región”, advierte la organización no gubernamental.
Así como 473 mil dólares en el área de salud y nutrición, para construir el nuevo centro de salud “El Cuajilote”, proveer medicina y suministros médicos y el inicio de un programa que da comida a grupos vulnerables en la comunidad, entre otros proyectos.
Finalmente, 1.9 millones dólares en el área de educación y cultura para programas de becas escolares, renovaciones para la Escuela Primaria “El Porvenir” y el Centro de Deportes y programas de educación para adultos, entre otros.
“Aunque la empresa afirmó que han invertido todo este dinero en el desarrollo del municipio de San José del Progreso, si sólo se evalúa la infraestructura, esto no ha constituido un cambio representativo en el municipio, dicho por las propias personas de la región: no se ve una mejoría en la vida del pueblo de San José ni en las y los obreros que han trabajado ahí, cuando el mineral se acabe solo quedarán enfermedades”, sostiene Educa.
La organización civil asegura que aunque la empresa minera sigue promoviendo una imagen de empresa sustentable, “el proyecto minero San José y su expansión sigue representando muerte, despojo y violencia en los Valles Centrales”.