Autoridades agrarias y Poder Judicial de Oaxaca se confabularon contra Tilzapote

Afirma que detrás hay intereses económicos que mantienen acorralados a más de 200 comuneros

Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Municipios 19/05/2018 09:00 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 10:26

La representante de Tilzapote, población de Santa María Tonameca, Estela Pinacho Venegas, aseguró que autoridades agrarias y del Poder Judicial de Oaxaca se confabularon para despojar a la comunidad de 300 hectáreas de propiedad comunal que se encuentran a orilla de playa.

Desde el año 2008, explicó, dos particulares de nombre Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, ganaron un juicio ante el Tribulan Unitario Agrario (TUA), Distrito 21, en el que los reconoce como propietario de estas tierras.

En 2010 estas dos personas pusieron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado quien ejerció acción penal ante el Juez Mixto de Primera Instancia y solicitó orden de aprehensión para 60 comuneros.

El Juez resolvió que no había elementos para ejecutar las órdenes de aprehensión; pero el MP apeló contra esta resolución y el asunto se fue a la Primera Sala Penal y es aquí, donde libran la orden de aprehensión contra los comuneros quienes fueron encarcelados por más de un mes, en el año 2011, acusados de despojo.

Pinacho Venegas, explicó que anteriormente la subdelegada operativa de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Cruz Sayma Amador Martínez, llamó a los campesinos de Tilzapote a una reunión en Puerto Escondido para exigirles de “manera autoritaria” desocupar inmediatamente las tierras.

Lo anterior, con el argumento que cumplía una orden judicial y que les daba media hora para salir por su voluntad, de lo contrario procedería con toda la fuerza del Estado.

“Realmente nadie conoce a los supuestos dueños. Los comuneros sabían por terceras personas que había un juicio en contra del Comisariado de los Bienes Comunales de Cozoaltepec, según, porque el polígono de sus tierras decretado por resolución presidencial, no se habían excluido 300 hectáreas que supuestamente, eran propiedad privada, lo que dio lugar a que los particulares promovieran juicios para reclamar su supuesto inmueble”, detalla.

La representante de la comunidad afirma que detrás hay intereses económicos y el contubernio de las autoridades agrarias y del Poder Judicial del Estado; intereses que mantienen acorralados a más de 200 comuneros de Tilzapote.

“Nuestras playas siempre han sido ambicionadas por el capital extranjero y por el mismo gobierno, pero aquí no permitiremos que éstos nos quiten nuestro patrimonio que hemos forjado con mucho esfuerzo, estaremos alerta ante cualquier movimiento”, agrega Luisa Venegas Cruz, habitante de esta localidad.

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