Así como atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios o albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares.
También asignar recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria y reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos contra el abuso corporativo o estatal y garantizar su protección y seguridad.
En la petición al gobierno federal, manifiestan su preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.
“Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad.
“A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad”.
Las asociaciones apuntaron que es igual de preocupante es el tema de la vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades.
“La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para garantizar un ingreso básico”.
Advirtieron que la seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y el alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.
El documento lo firman Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Aura Investigación Estratégica, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), entre otras.
Lo que se busca, finalizaron es a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; “reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización”.