CNDH ordena a ayuntamiento de Ixtepec el pago del laudo laboral a persona de 68 años de edad
También ordena a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, se repare integralmente el daño ocasionado
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó al ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, municipio del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, el pago del laudo laboral que se adeuda desde hace nueve años a una persona de 68 años de edad con discapacidad motriz.
El organismo también ordenó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, la reparación integral del daño hacia esta persona de la tercera edad a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la reparación integral del daño ocasionado.
De acuerdo con la CNDH, R. (como es referido para proteger su identidad) y quien tiene discapacidad motriz por artrosis femoral derecha (desgaste de la articulación de cadera), el 1 de enero de 2008 ingresó a laborar como asesor legal en el ayuntamiento de Ciudad Ixtepec y fue despedido el 21 de septiembre de 2008; este mismo día presentó demanda ante la Junta Especial que la remitió ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Oaxaca.
El 28 de septiembre de 2010, dos años después, se dictó el laudo correspondiente en el que se condenó al Ayuntamiento a reinstalar en su puesto a R, en las mismas condiciones y términos que lo venía desempeñando, y al pago de diversas prestaciones y cantidades por concepto de salarios, sin perjuicio de los que se siguieran venciendo hasta el cumplimiento del laudo.
Pero a nueve años de que se dictara el laudo, las autoridades municipales han incumplido con el pago y con la reinstalación del trabajador pese a que se hicieron más de una decena de diligencias en las que participaron autoridades estatales, de derechos humanos y de seguridad pública.
En consecuencia, la CNDH informó que inició el expediente CNDH/5/2018/460/RI, y para documentar las violaciones a derechos humanos se solicitó información a tres autoridades municipales, así como a la Defensoría y a la Junta de Arbitraje, y en colaboración al Congreso del Estado.
A partir de las evidencias analizadas, el organismo acreditó la responsabilidad de funcionarios municipales de los que sólo identifica sus nombres con iniciales, al no realizar las acciones pertinentes para acatar el laudo en el que se condenó al Ayuntamiento a la reinstalación de R, así como al pago de diversas prestaciones laborales. Mientras que por no haber atendido los requerimientos que, en el ejercicio de sus atribuciones, les formularon la Junta de Arbitraje, la Defensoría y esta Comisión Nacional, incurrieron de manera reiterada en actos y omisiones que afectaron la legalidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.
La CNDH en su resolución ordenó que en coordinación con los integrantes del ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, se repare integralmente el daño ocasionado a R, que incluya asesoría jurídica y en un plazo máximo de tres meses se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas.
Así como girar instrucciones a la Presidencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para que realice las acciones conducentes para la efectiva ejecución del laudo emitido a favor de R, en el Expediente Laboral; se presenten denuncian ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Oaxaca contra los funcionarios municipales.
En específico al ayuntamiento de Ciudad Ixtepec le ordenó que de manera inmediata se realicen todas las acciones necesarias para la ejecución y cumplimiento del laudo del 28 de septiembre de 2010, dictado a favor de R por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Oaxaca.
Además, que debe considerar en el proyecto de presupuesto de egresos del Municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2020 una partida presupuestal, para el pago del laudo emitido por la Junta de Arbitraje a favor de R en el Expediente Laboral, considerando los ingresos propios del Municipio, “o bien realizar todas las diligencias idóneas ante el Congreso del Estado, a fin de que se soliciten, programen y autoricen de manera específica e identificable, los recursos para cumplir con el referido laudo”, entre otras.
