Más Información
A casi dos meses de este hecho ocurrido en estas tierras en disputa, la Fiscalía General del Estado (FGEO) no ha realizado ninguna diligencia en la zona para integrar la carpeta de investigación y aprehender a los responsables del asesinato de Alejandro Antonio Cruz, así como de las lesiones contra Germán Reyes José, Hernán Reyes Paz, Jaime González José, Ángel Santos y Daniel Reyes Cruz.
La fiscalía argumenta que en la zona de conflicto no hay condiciones de seguridad que permitan realizar el levantamiento de pruebas directamente en el lugar de los hechos, pero afirma que sí hay trabajos de investigación, incluida la autopsia del cuerpo de la víctima.
Las autoridades agrarias de ambas comunidades, con la intermediación de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca (Segego), tuvieron reuniones durante un año para lograr una solución definitiva. Santo Domingo Yosoñama propuso la repartición de la tierra en disputa, pero Mixtepec no ha aceptado. También hubo reuniones con cuerpos de seguridad para firmar el acuerdo de paz y medir la tierra en disputa.
En mayo de 2022, las negociaciones se detuvieron tras el retiro de San Juan Mixtepec de las mesas de negociación.
Dimas Romero González, dirigente de Antorcha Campesina –organización que ha acompañado a Yosoñama–, opina que la suspensión de las mesas de trabajo fue el preludio para una nueva agresión; por eso insistieron en la presencia de cuerpos de seguridad en la zona de conflicto, pero el gobierno del estado no respondió.
El dirigente antorchista advierte que es difícil adivinar por qué hasta el momento la fiscalía se ha negado a iniciar con las investigaciones de la agresión; no obstante, dice que esta actitud les da “el derecho a sospechar” que hay altos funcionarios que no permiten que se lleven a cabo las diligencias.
Dice que, además, es discriminatorio por la manera en que actúa la FGEO cuando asesinan a un empresario y cuando asesinan a un campesino: en el primer caso hay justicia pronta y expedita, mientras que en el segundo ni siquiera se ha abierto una carpeta de investigación, señala.
“Hemos pedido mesas de trabajo, el fiscal me ha atendido la llamada, ha dicho que nos vamos a reunir, pero finalmente cancela. Nosotros apelamos a la Segego porque es la encargada de la política interna y porque alguien tiene que defender a los oaxaqueños, y hacemos responsables al gobernador y al secretario de Gobierno, ellos tienen que garantizar que haya mesas de trabajo, que haya recorridos de los cuerpos de seguridad para inhibir los atentados de los grupos delincuenciales”.
