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Desde que se instalaron los proyectos eólicos de Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, comenzó una lucha de la defensa de la tierra, por lo que los defensores comunitarios han recibido amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, de las cuales el organismo defensor ha documentado y en razón de las cuales ha emitido diversas medidas cautelares a diferentes dependencias del gobierno del estado desde noviembre de 2011.
La situación de inseguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos no ha variado en la comunidad, pues a partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos, la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto a instalarse en la comunidad, se trata de la central eoloeléctrica denominada “Gunaa Sicarú” propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.
Esta situación, desencadenó el ejercicio de una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a derechos humanos por la omisión de garantizar el respeto a los principios que debe satisfacer un proceso de consulta indígena, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.
Después de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central “Gunaa Sicarú”, la Defensoría puntualizó el incremento de inseguridad que han sufrido los defensores de derechos humanos por los resultados obtenidos durante el movimiento.
