Nochixtlán sin justicia, complicidad de instituciones: Código DH
La organización lamentó que pese a la documentación de testimonios de las víctimas, a un año y dos meses de los hechos, la CNDH continué sin dar una recomendación
El retraso en la investigación del caso Nochixtlán por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sólo exhibe una complicidad entre estas instituciones y los gobiernos federal y estatal para evadir la aplicación de justicia contra el Estado responsable, consideró el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (Código DH).
Para la coordinadora del área de Defensa Integral de esta organización, Alba Gabriel Cruz Ramos, está demostrado que los agentes del Estado fueron los responsables de los disturbios del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, municipio de la región de la Mixteca en Oaxaca.
Sin embargo, señaló, ni la PGR ha concluido la indagatoria ni la CNDH ha emitido sus conclusiones del caso porque están encubriendo a quiénes ordenaron el operativo policial.
Lamentó que pese a que la Comisión tiene documentados más testimonios de las víctimas, a un año y dos meses de los hechos continué sin dar una recomendación.
Todas estas irregularidades y la serie de violaciones al debido proceso sólo están diseñadas para la evasión de la impartición de justicia, declaró, al mismo tiempo que consideró que difícilmente se aplicará este derecho, el cual si sucediera tardaría meses incluso años, a pesar de que también se cumple un año y dos meses de la implementación de los juicios orales en todo el país.
“Hasta ahorita no hay ningún resultado, está estancado, hubo una falta de cadena de custodia en el momento que sucedieron los hechos, no hubo una investigación rápida, pronta, expedita y cuidada por la autoridad, sino permitieron que se perdieran pruebas que hubiesen comprobado lo que pasó realmente en Nochixtlán”, indicó.
Pero a pesar de esta situación desfavorable, afirmó que continuarán en la exigencia del esclarecimiento de los hechos para que se garantice la justicia a los heridos y a los familiares de los fallecidos.
“La carretera quedó liberada en los primeros 15 minutos del operativo, ¿qué pasó después?, ¿quién dio la orden de un operativo absurdo que quitó vidas?, ¿qué los motivó?, esa es la verdad que estamos buscando”, cuestionó.
El 19 de junio de 2016 el operativo de la Policía Federal y Estatal para liberar la supercarretera Oaxaca-México en jurisdicción de Nochixtlán, que estaba bloqueada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en rechazo a la Reforma Educativa, terminó en un enfrentamiento a balazos con el magisterio, organizaciones sociales y pobladores.
Estos hechos se prolongaron por varias horas y se extendieron hasta Hacienda Blanca, agencia municipal de San Pablo Etla, en el Valle Central, lo que dejó un saldo de ocho personas fallecidas y más de 100 heridos.
El pasado viernes, el Comité de Víctimas interpuso una denuncia penal por lesa humanidad contra quienes resulten responsables ante funcionarios de la Procuraduría General de la República en la oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ubicada en el municipio donde ocurrió el primer enfrentamiento.
