Exigen renuncia de Ombudsman de Oaxaca por “militarizar” Istmo

La reacción de las asociaciones agrupadas en el Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca surgió tras la exigencia de la DDHPO al Gobierno del Estado para reforzar y prolongar la presencia del Ejército Mexicano en la zona

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Municipios 21/09/2017 13:48 Yuridiana Sosa Oaxaca Actualizada 13:48

Organizaciones civiles de la entidad exigieron la destitución del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, por convocar a “militarizar” la región del Istmo de Tehuantepec.

La reacción de las asociaciones agrupadas en el Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca surgió tras la exigencia de la DDHPO al Gobierno del Estado para reforzar y prolongar la presencia del Ejército Mexicano en la zona.

En días pasados, la Defensoría destacó en un comunicado que era necesaria esta acción por la ineficacia de la Policía Municipal, principalmente de Juchitán de Zaragoza, para brindar seguridad a la población, misma que se quejó de su actuar y responsabilizó de algunos actos delincuenciales.

Las organizaciones de la sociedad civil aseguraron a su vez, son testigo "de la falta de capacidad y grave voluntad política del gobierno para atender las grandes necesidades de la gente que enfrenta los estragos que dejaron las lluvias y el sismo".

Los aglutinados en el Espacio de Organizaciones calificaron como grave e incongruente que el Ombudsman solicite al gobierno la colaboración del Ejército.

“Lo que se empeora frente al contexto de que el Istmo de Tehuantepec es una zona que despierta los intereses económicos más voraces de empresas trasnacionales y nacionales", situación favorecida por las políticas públicas federales y estatales”, cita el posicionamiento.

En el comunicado subrayan que "la organización y resistencia de los pueblos zapotecos, huaves y mixes en defensa de su territorio son las que hasta la fecha han impedido el control del territorio, han frenado los proyectos mineros, eólicos y otros proyectos extractivistas; dicha resistencia es la que también ha permitido evitar la militarización de la zona como mecanismo de control para la explotación territorial".

Además, enfatizaron que la postura de la DDHPO contraviene a las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como de organizaciones nacionales de no utilizar al ejército en labores de seguridad pública de civiles para lo que no están preparados.

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