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“Hemos sido desplazados de nuestras comunidades y por lo tanto acordamos vivir en plantón permanente frente al Palacio de Gobierno hasta en tanto se haga justicia y se brinden las garantías para regresar a nuestra comunidad”.
Los integrantes del comité de víctimas y sobrevivientes responsabilizaron al gobierno estatal de otro acto de agresión en contra de quienes conforman este comité.
Agustina Roldán Terrazas, una de las sobrevivientes, señaló como responsables de la masacre, autores materiales e intelectuales, a José Luis Chávez Salinas, Camerino Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Máximo Leyva Piamonte, Teófila Ochoa, Emanuel Villaseñor Bustillos, Israel Oviedo Aldama y Ramiro Escudo Comonfort, entre otros que se encuentran señalados en la carpeta de investigación.
La víctima denunció que el pasado 8 de diciembre sostuvieron una reunión con el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, quien los atendió de una manera prepotente y “enfurecidamente” se deslindó de la ejecución de las órdenes de aprehensión que existen contra los responsables.
Según Alejandrino Roldán Mora, el fiscal les dijo que el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, ordenó que no se avance en la investigación y en la ejecución de las órdenes de aprehensión.
Consultada por EL UNIVERSAL, la Segego aseguró que son señalamientos falsos y que la dependencia respeta la autonomía de la Fiscalía General, y que su titular no tiene dichas atribuciones.
“El Secretario General de Gobierno no tiene las atribuciones para realizar ese tipo de acciones. Entendemos que es parte de la presión en su manifestación, pero al presentarse este tipo de hechos violentos, corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes y liberar las órdenes de aprehensión, y a la Secretaría de Seguridad Pública mantener los recorridos de vigilancia y seguridad que se tienen en la zona”, señaló su área de comunicación social.
