Tras masacre, CNDH vigilará que se alcance la gobernabilidad en San Mateo del Mar

Luego de confirmarse la masacre de 15 habitantes ikoots de San Mateo del Mar, comunidad del Istmo de Tehuantepec, quienes fueron torturados y quemados vivos, según el gobierno municipal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobierno de Oaxaca para que “con carácter urgente haga efectiva la protección y resguardo de la vida, integridad personal y seguridad de los habitantes de esa localidad”. 

El órgano autónomo constitucional  afirmó que “lamenta profundamente” estos hechos violentos y exigió la urgente intervención del gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado  (FGEO) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) de Oaxaca para que realicen “una investigación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delitos, cometidos en agravio de los habitantes del municipio”.

Entre el medio día del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de junio, un conflicto político-electoral que se arrastra entre dos grupos de habitantes de la cabecera municipal y las agencias de esta comunidad indígena escaló hasta derivar en la muerte de 13 hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos presentan contusiones y quemaduras parciales, según la fiscalía de Oaxaca. 

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Los grupos opositores se dividen entre los seguidores del edil Bernardino Ponce Hinojosa y quienes no lo reconocen como presidente municipal, entre ellos autoridades tradicionales y habitantes de agencias, luego de la elección de octubre pasado donde se presentaron conatos de violencia y quema de casillas.

Estos grupos se enfrentaron por primera vez pasado el medio día del domingo, al chocar por la instalación de un filtro sanitario contra el Covid-19 ubicado en la agencia La Reforma. Como saldo de este primer choque se contabilizaron al menos 6 heridos.

Los hechos de violencia continuaron en la comunidad luego de que la Unión de Agencias y comunidades indígenas intentó realizar una asamblea comunitaria, lo que desató un nuevo enfrentamiento en la comunidad de Huazantlan del Río, que dejó a 15 personas asesinadas pertenecientes al bando del edil. Ambos grupos se culpan mutuamente por esta violencia. 

Tras estos hechos, la CNDH pidió una “aplicación irrestricta” de la Ley y del Estado de Derecho, en contra de quien o quienes resulten responsables, pues hizo énfasis de que en los últimos meses se habían agudizado las diferencias sociales entre las habitantes de las comunidades de San Mateo, “generándose zonas de conflicto, en donde prima la ingobernabilidad”.

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Por ello aseguró que es deber del gobierno estatal salvaguardar “la integridad y los Derechos Humanos de las personas integrantes de sus comunidades”, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, “que comprende también la prevención especial y general de los delitos, privilegiando el diálogo y la concertación, que permitan los consensos necesarios para construir y garantizar la paz”.

La Comisión aseguró que, en el ámbito de sus atribuciones, la  se mantendrá atenta de las acciones que instrumente el gobierno de Oaxaca “para lograr la paz y gobernabilidad en el municipio de San Mateo del Mar” y con ello “salvaguardar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de sus habitantes”.

A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió la intervención del Estado mexicano para solucionar este conflicto y evitar la repetición de hechos yan graves, pues considera son incompatibles con el Estado de Derecho.