Se resisten 145 ediles a crear instancias municipales para combatir violencia contra la mujer

Virginia, María, Concepción, Fátima. Y muchas otras asesinadas sin nombre. La violencia contra las mujeres no se detiene en Oaxaca ni por el avance de una pandemia sin cura. La otra epidemia, la de la violencia feminicida, ha dejado en el transcurso de este  año 63 mujeres asesinadas, al menos  40 durante la cuarentena. 

La falta de voluntad política no ayuda a frenarla. A 10 meses de que el Congreso de Oaxaca —en septiembre de 2019—  reformó la Ley Orgánica  Municipal del Estado para que cada uno de los 570 municipios creara una Instancia Municipal de la Mujer, aún hay 145 ediles que se resisten.

De acuerdo con datos oficiales, a la fecha se han creado 425 de dichos órganos, informa Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), en entrevista con EL UNIVERSAL.

La funcionaria indica  que es obligación de todos los municipios  instalar estos organismos; sin embargo, muchas veces los ediles se resisten a crearlos, en ocasiones, porque piensan que les absorberá recursos, aunque su creación es función de las posibilidades del gobierno municipal y, al no considerar el tema como algo prioritario, no actúan al respecto.

Incluso, agrega, hay muchos municipios que no participan en  las reuniones con la dependencia estatal para revisar los avances en la materia, pese a que se hacen de forma virtual durante el periodo de aislamiento. Todo esto, pese a que cada municipio deberá entregar en agosto un informe sobre las acciones implementadas en el año.

Vásquez Colmenares señala que la creación de estos organismos requiere de la voluntad política de los presidentes municipales, “el problema es que la creación de dichos órganos es una facultad discrecional”, por lo que los ediles pueden decidir no instalarlos.

Eso explica Edna Liliana Sánchez Cortés, la subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género  de SMO, y agrega que no solamente consiste en la instalación, sino en el equipamiento y capacitación del personal de la instancia en temas de género, mismo que debe tener una buena relación con la presidencia municipal.

La situación es compleja porque estos órganos municipales son los primeros respondientes ante situaciones de violencia y sin ellos el riesgo para una mujer aumenta, sobre todo en los tiempos de confinamiento, en los que la violencia familiar ha  incrementado  hasta  50%, de acuerdo con datos del Congreso de Oaxaca. 

Esto se  suma a que, al estar confinadas, las mujeres pocas veces pueden interponer la denuncian y quedan prácticamente encerradas y a merced de su agresor.

"Urge su formación"

Para Hilda Pérez Luis, diputada de la 64 Legislatura local e integrante de la Comisión de Seguimiento a Víctimas por Violencia y Feminicidio, las instancias municipales de la mujer deben ser espacios para generar las políticas públicas que tengan como consecuencia la erradicación de la violencia de género a nivel local, pues son el primer contacto con la ciudadanía en los 570 municipios. 

La urgencia de que existan estos espacios se debe a que, según cifras del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), hasta el pasado 16 de julio se contabilizaban un total de 63 asesinatos de mujeres en territorio oaxaqueño, sólo durante 2020. 

Mientras que suman 446 muertes violentas de mujeres desde el inicio de la actual administración estatal. De éstas, 230 han sucedido desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 40 municipios de Oaxaca. 

Al respecto, Vásquez Colmenares señala que ante esta prevalencia de la violencia de género durante la pandemia, la SMO ha implementado mecanismos de atención a mujeres, en línea y vía telefónica, para lo que cuentan con el acompañamiento de una sicóloga y una abogada, mientras que la fiscalía implementó comparecencias y denuncias que se reciben digitalmente.

Y recuerda que desde que la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Género, en 2018, los 40 municipios han recibido capacitación por parte de la SMO, en la que se les explica qué es y cómo prevenir, denunciar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Ante ello, la legisladora Pérez Luis apunta que durante la pandemia ha habido un aumento de 50% en casos de violencia familiar, cifras que no se traducen en las denuncias ante  la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), porque las mujeres que están en aislamiento muchas veces no tienen posibilidades de denunciar en las instancias físicas o en línea.

“Es un tema que nos preocupa, nos ocupa y que tenemos que estar revisando para determinar el actuar del Poder Legislativo”, añade, pues  al Congreso local le corresponde armonizar todo lo que haga falta en materia jurídica.

“Estamos muy vigilantes del actuar de las dependencias y órganos autónomos de los diferentes poderes”, dice Pérez Luis.

Por ello, detalla, se concretó un convenio para capacitar a jueces en perspectiva de género, a fin de eliminar la impunidad en casos de violencia contra ellas; además,  se han reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, y el fiscal Rubén Vasconcelos para analizar estrategias para contener este fenómeno en el estado.

Lo anterior es relevante, explica, “porque el sistema patriarcal machista con el que hemos crecido por generaciones en el estado es un tema complejo que requiere de la reeducación tanto de hombres, como de mujeres. 

“Debemos entender lo importante que es la perspectiva de género y que lo entiendan quienes imparten justicia, quienes educan, quienes investigan (...) para cambiar el sistema”, asevera.

Ana Vásquez Colmenares, titular de la SMO, ejemplifica lo anterior con la aplicación de la Alerta de Violencia de Género, pues señala que ha sido un reto en el que constantemente se capacita a las autoridades y servidores públicos de los 40 municipios, así como a otros que se suman voluntariamente.

Sin embargo, reconoce que mientras algunos que no cuentan con alerta, instalaron consejos municipales para darle atención a los casos de violencia, otros ni siquiera sabían que lo tenían que hacer. 

Precisa que desde que se instrumentó la alerta, además de aplicar los recursos federales disponibles — que en 2020 fueron 20.8 millones de pesos, 30 millones menos que en 2018 cuando se decretó—, se creó un plan para redistribuir el presupuesto asignado por el Estado, a fin de fortalecer las estrategias para la erradicación de violencia contra las mujeres.