Desde entonces, declararon, han tenido que vivir en la calle; además de que tuvieron que enfrentar la persecución del gobierno porque varios indígenas fueron agredidos, a otros los encarcelaron, y otros continúan en prisión acusados de delitos que no cometieron.
En su protesta de hoy también exigieron apoyo para superar sus adversidades, pues describieron que tienen que vivir en diversas partes, como en el corredor de palacio de gobierno o en algún terreno prestado, porque no tienen forma de adquirir una propiedad.
Aseguraron que las condiciones en las que viven son muy graves, porque han tenido que hallarse en la calle, y a pesar de tener medidas cautelares, éstas no se han cumplido de acuerdo a lo que marcan las leyes.
Pidieron apoyo al gobierno del estado para que puedan acceder a servicios básicos, salud, alimentación, y “todo se pueda lograr en un clima de paz en donde se respeten los derechos humanos de cada uno”, expresaron.
Asimismo, demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una auditoría a los recursos destinados durante estos años a los desplazados de San Juan Copala, con el fin de determinar cuáles son los avances para garantizar sus derechos humanos.
El 7 de septiembre de 2010, el entonces municipio de San Juan Copala —hoy agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca— sufrió la incursión de un grupo armado que saqueó e incendió los hogares de los indígenas triquis.
Este asalto causó el desplazamiento forzado en un principio de 30 familias, quienes se trasladaron principalmente a la ciudad de Oaxaca; desde entonces, viven frente al palacio de gobierno.