Como respuesta, el presidente López Obrador aseguró en conferencia de prensa este lunes que no hay ningún problema en el proyecto Interoceánico. Recalcó que se han estado haciendo consultas a los pueblos asentados en la zona, que se cumple con todos los procedimientos legales, y afirmó que hay personas que crean organizaciones ambientales para “sacar provecho” de esto.
Al respecto, Dagoberto Toribio, junto con ejidatarios y autoridades agrarias de Santa María Petapa y San Juan Guichicovi, denunciaron ante la ONU que las consultas organizadas por el gobierno mexicano a fines de marzo del año pasado, a través de la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), fueron simulaciones.
Foto: Especial
“Le pedimos al presidente de México que revise las actas de las supuestas asambleas y ahí se dará cuenta de que lo están engañando, porque verá que en las consultas no tomaron en cuenta a las poblaciones de San Pedro Comitancillo, Ciudad Ixtepec, Matías Romero, El Barrio de la Soledad y San Juan Guichicovi, municipios con habitantes indígenas por donde pasa el Tren Transístmico, y cuyas vías y durmientes están siendo remodeladas”, dijo Toribio Severo.
Las consultas no fueron consultas, apuntó, “fueron asambleas generales de unas cuantas horas y en sedes distantes al paso del tren Interoceánico”.
Sin embargo, los pueblos del Istmo también han cuestionado un acuerdo suscrito entre la Oficina México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Al respecto, este martes EL UNIVERSAL publicó el rechazo a esta colaboración entre el organismo internacional y el megaproyecto de la autoproclamada Cuarta Transformación, pues reiteraron las denuncias que durante el diseño y ejecución del proyecto presentaron por violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Los representantes de pueblos indígenas destacaron las quejas enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado, con las que pidieron que esa instancia exhorte al Estado mexicano a que suspenda el Plan de Desarrollo Corredor Interoceánico hasta tener plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales.
Y resaltaron que hay pendientes en materia ambiental por parte de la Semarnat, que, acusan, no ha evaluado integralmente los impactos del proyecto, y falta que la 4T aclare los alcances de la construcción del gasoducto de Jaltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.