Llevan el caso de Ayutla Mixe ante Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas de ONU

Desde hace dos años, los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, no tienen acceso al agua; sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo tomaron por la fuerza el manantial que les suministraba el líquido con el argumento de un conflicto agrario por la disputa en la posesión de la tierra.

Hoy, ante la omisión del gobierno estatal para garantizar este derecho a la comunidad, el caso fue llevado ante la Relatoría de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las autoridades municipales y agrarias de San Pedro y San Pablo Ayutla, encabezadas por Rubén Olivares Martínez y Alejandro Martínez Ramírez, respectivamente, hicieron llegar un documento a la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígena de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz.

En el documento detallan la grave situación que padecen desde el 5 de junio de 2017 por la falta de agua potable y por los atentados a los derechos humanos que han sufrido “sin que las autoridades gubernamentales hayan tomado cartas en el asunto”, ya que --afirman-- en su actuar los organismos del Estado los han revictimizado y criminalizado.

“Ante esta actuación del gobierno y al haber agotado todas las instancias de denuncia”, apuntan, “nos dirigimos a usted para comunicarle esta situación en su calidad de relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para que, de ser posible, pudiera requerir información y recomendaciones sobre este caso al Estado mexicano, y en particular al Gobierno del Estado de Oaxaca”.

El 18 de mayo de 2017, un grupo armado ligado a la comunidad de Tamazulápam del Espíritu Santo tomó por la fuerza 25 solares en la que habitaban comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla y el paraje en el que se encuentra el manantial que proveía de agua a la comunidad.

Cerca de un mes después, se realizó una inspección ocular por orden judicial, como una medida para dar salida a la posesión por la fuerza de estas tierras y encontrar una solución al conflicto entre ambas poblaciones.

Pero un grupo armado disparó contra los comuneros de Ayutla, ataque en el que murió Luis Juan Guadalupe y otras seis personas resultaron heridas, cuatro mujeres fueron secuestradas, torturadas y liberadas 24 horas después por la presión que ejercieron organismos de la sociedad civil.

Los pobladores de Tamazulápam le cerraron el paso al manantial para impedir el suministro de agua potable desde entonces. El 25 de agosto de 2017, destruyeron toda la infraestructura de agua potable de Ayutla y que incluía tanques de captación, tanques de almacenamiento y distribución, sistema de válvulas y sistema de tuberías.

No hay atención

Rubén Olivares y Alejandro Martínez señalan que a pesar de todas las denuncias que han interpuesto, el Estado mexicano y en particular el gobierno de Oaxaca han sido omisos ante esta situación, han mantenido en la impunidad las agresiones y además, han actuado en contra de las víctimas de los ataques de Tamazulápam.

“Aunque se han hecho las denuncias y aunque en repetidas ocasiones el gobierno de Oaxaca ha firmado acuerdos para que se garantice la reconexión al manantial y así contar con agua potable, estos acuerdos no se han cumplido y el grupo armado sigue impidiendo nuestro acceso al manantial que nos proveía de agua potable”.

En el documento manifiestan que han pasado dos años en los que los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla han tomado agua insalubre de escurrimientos por lluvias, situación que se ha agravado por la sequía que enfrentaron el año pasado y este 2019.

“Las personas de la tercera edad y la población infantil han sido particularmente afectadas. La situación actual es ya insostenible”, advierten.

Las autoridades municipales y agrarias pidieron a la Relatora Especial de la ONU su intervención para que se les pueda garantizar su derecho humano al agua, a la libre determinación sobre su territorio y a la justicia en el caso del asesinato de Luis Juan Guadalupe, de los heridos, de las mujeres secuestradas y de los comuneros que fueron despojados de sus tierras y viviendas; actos que continúan impunes.