Prohíben enterrar a una anciana y retienen a su familia en una comunidad de Oaxaca
Los hechos ocurrieron ayer, cuando la familia pretendía enterrar a la mujer en el panteón de una de las agencias municipales
Autoridades municipales de San Andrés Dinicuiti, una comunidad indígena de la región de la Mixteca de Oaxaca, prohibieron la inhumación de una mujer de 91 años en el panteón de Santa María Tutla y retuvieron a cinco de sus familiares.
Los hechos ocurrieron ayer, cuando la familia pretendía enterrar a la mujer en el panteón de una de las agencias municipales, acción que fue prohibida por integrantes del ayuntamiento.
Por estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a la familia e inició la queja DDHPO/337/(07)/OAX/2020.
El órgano autónomo solicitó a las autoridades que se permitiera la realización del entierro, debido a que es deber del ayuntamiento "proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas".
Sobre los cinco familiares de la persona fallecida que fueron retenidos por parte de las autoridades municipales, la Defensoría pidió al ayuntamiento que como medida de protección se liberara a las personas, o en caso de ser señaladas de incurrir en algún delito, fueran puestas a disposición del Ministerio Público. Hasta este miércoles, al menos dos de los familiares permanecían retenidos y se les solicitaba 3 mil pesos para ser liberados.
Pese a iniciar este proceso de investigación, en el que indaga posibles abusos de autoridad, la DDHPO asegura que se busca no criminalizar a las autoridades ni tampoco a las prácticas comunitarias indígenas.
De acuerdo con el órgano, las inhumaciones en los panteones municipales y los rituales que familiares de personas fallecidas realicen es un derecho humano, específicamente el derecho a participar en su cultura.
"La negativa de servidores públicos a permitir el sepelio transgrede este derecho, pues obstaculiza que los deudos y sus allegados establezcan lazos de solidaridad, se rompen vínculos de fraternidad y apoyo, además de atentar contra la dignidad de la familia y la persona fallecida".
Este caso es el quinto documentado desde 2016 sobre "muertos sin derecho a la tierra", una práctica que no es extraña en pueblos originarios de Oaxaca.
En noviembre, EL UNIVERSAL público que se habían documentado otros cuatro casos: uno en 2016, por el que se emitió una recomendación; uno en 2018, dos en 2019 y este de 2020 es el quinto.
De acuerdo con Bernardo Rodríguez Alamilla, ómbudsman de Oaxaca, es importante que cada caso sea valorado en lo individual y analizar si existen trasfondos políticos o de algún otro tipo, así como si existen antecedentes históricos para determinar si la inhumación pone en riesgo la vida comunitaria. Todo esto para no criminalizar a los pueblos indígenas ni violentar su derecho a gobernarse por sus propios usos y costumbres. A pesar de ello, indica que el límite siempre es la dignidad humana.
