Familia ikoots lleva seis años desplazada por no ser priista

Oliver Ocampo Martínez no olvida que hace exactamente seis años, él y 14 personas más fueron expulsados a punta de pistola de Pueblo Viejo, agencia municipal de San Francisco del Mar, por no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y votar, en esa ocasión, por el Partido de Unidad Popular (PUP).

Desde entonces es  errante  y no recibe ni  justicia  ni reparación, a pesar de haber interpuesto su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO)  y la Defensoría de  los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

 Oliver recuerda que todo comenzó el 14 de noviembre de 2013, cuando  el agente municipal de esta comunidad ikoots (huave), Homero Salinas, un cacique priista,  no aceptó que un grupo de ciudadanos simpatizaran  con el naciente Partido de Unidad Popular, por lo que incurrió en hostigamiento, violencia, decomiso de bienes y suspensión de servicios.

 Finalmente, en asamblea los acusó de no realizar el tequio comunitario por pertenecer a una religión protestante. Como resultado, por unanimidad se  expulsó a los 15 habitantes.

Desde entonces, los desplazados vivieron en la cabecera municipal, Pueblo Nuevo, por un tiempo bajo la protección del presidente municipal del PUP, Leonel Gómez. Allí  comenzaron de nuevo, de cero, porque en Pueblo Viejo dejaron animales y propiedades.

En Oaxaca no hay cifras de las personas indígenas internamente desplazadas

Seis años después, Olivier Ocampo Martínez no ha visto ni un indicio de justicia para  su familia y sus vecinos, por lo que  interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las autoridades de  Pueblo Viejo, por el delito de desplazamiento forzado interno por violencia política.

En el oficio dirigido a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, solicitó  que la primera visitaduría general ejerza la facultad de atracción, ya que esta queja se interpuso originalmente ante la defensoría de Oaxaca.

La víctima afirma  que presentó su queja el 19 de julio de 2019 ante la DDHPO y “hasta el momento no se  ha  informado o  notificado el número de expediente que le asignó a la queja y el estatus que guarda de que  se  ha dado seguimiento a mi asunto”.

¿Cuántos desaplazados?  

Apenas esta semana, el Congreso de Oaxaca aprobó  reformar el artículo 16 de la Constitución Política de Oaxaca, para garantizar “la inclusión de la protección de los derechos humanos de personas desplazadas”.

 De acuerdo con los diputados, la modificación estipula que el Estado tiene la obligación de tutelar los servicios elementales para el desarrollo humano de las personas indígenas que, por algún motivo, se encuentran desplazados.

“La ley preverá medidas urgentes de salud, alimentación, justicia, educación, vivienda, asistencia social y todos aquellos satisfactores que garanticen la protección a sus derechos humanos, especialmente en el caso de ser desplazados”, apunta la reforma.

Según  el dictamen, desde hace años en Oaxaca el desplazamiento de población indígena ha tenido lugar por diversas causas; sin embargo, no se encuentra incorporado en el orden jurídico local  y “no hay   cifras sobre las personas internamente desplazadas”.

Reconstruir su vida.

La queja de Olivier Ocampo Martínez  presente ante organismos de derechos humanos está dirigida en contra del exagente municipal, debido a que  “el 14 de noviembre de 2013 me expulsó de la comunidad a mí y a mis padres, Margot Martínez Gómez y Carlos Norberto Ocampo Andrés, y a mis hermanos Rosario, Obdulia y Marilú”.

Junto con la familia Ocampo Martínez fueron desplazados Marbina Ordoñez, Abelina Martínez, Joselito Gallegos, Facundo Francisco, Gregoria Orozco, José Luis Martínez, Nicolás Andrés, Javier Martínez y Edgar Andrés, todos ellos por motivos políticos.

 “Somos personas que fuimos desplazadas de nuestra comunidad y que las autoridades competentes se han negado a intervenir para que se haga justicia, además de no tener diálogo [con la autoridad] para encontrar una solución a este conflicto”, expone.

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Consultada por EL UNIVERSAL, la defensoría asegura que mantiene abierto el expediente con folio DDHPO/1427/(10)/OAX/2019 por “presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades  de Pueblo Viejo”.

El órgano dice que  solicitó un informe a la autoridad municipal y su colaboración para que “de manera urgente” garantice a Oliver y los otros la libertad de tránsito y residencia en su comunidad  y les permita reincorporarse.

También solicitó a  la fiscalía y  a las secretarías General de Gobierno (Segego) y  de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) su actuación “de  inmediata” para que a los afectados les sean restituidos sus derechos,  “en el contexto de los sistemas normativos indígenas”.

En respuesta, señala que  el presidente municipal de San Francisco del Mar, Juan Carlos Vargas, se pronunció por establecer una mesa de trabajo con las víctimas, para que  puedan analizar la problemática que enfrentan y encontrar “las soluciones más viables y justas”.

Pero lo que los desplazados piden es que se les den las facilidades para reactivar las actividades que abandonaron luego de ser expulsados, pero  ahora en el lugar donde  actualmente radican, “a fin de cubrir nuestras necesidades”.

También solicitan, conforme a  la Ley General de Víctimas, que las autoridades “cumplan con su obligación de velar por las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o la reparación integral”.

Pero a seis años, siguen en espera de respuesta.