Pueblos de Oaxaca exigen que la 4T frene el “despojo legal” de territorios indígenas
Aseguran que reformas para garantizar derechos de naciones originarias siguen congeladas, mientras avanzan megaproyectos
Oaxaca de Juárez.— Comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca se sumaron a la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) para exigir al Estado mexicano una reforma constitucional que reconozca a los pueblos y las comunidades como sujeto de derecho público.
El objetivo de dicha alianza es garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos.
Esta reforma, aseguraron, es una promesa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Congreso de la Unión.
La Aldea, en la que también participan comunidades y organizaciones de estados como Guerrero, Chiapas, Guerreo y Michoacán, entre otros, exige a al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera.
Esto, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial; así como promover una nueva Ley de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica (fracking).
De la misma manera, exige a los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca aprobar las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados.
“A la Secretaría de Gobernación, a los Órganos de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia y a los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos implementar medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores el ejercicio pacífico de su labor de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización”.
De acuerdo con la Aldea, las reformas prometidas por la “Cuarta Transformación” para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas siguen congeladas mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia.
“Es momento de poner alto a los atropellos en contra de las comunidades y de construir en serio una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.
“Desde Aldea exhortamos al actual gobierno a retomar la senda de sus compromisos y obligaciones internacionales y garantizar activamente la participación de los pueblos en las políticas y leyes que les afectan”.
Entre las comunidades que forman parte de la Aldea están San Sebastián, San Jacinto Ocotlán, Tejas de Morelos, San Felipe Apostol, San Matías Chilazao, Maguey Largo y El porvenir; y dentro de las organizaciones no gubernamentales están la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) y Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
