Por pandemia de coronavirus, 147 municipios de Oaxaca han restringido accesos

Al menos 147 de los 570 municipios de Oaxaca han cerrado sus accesos y restringido el tránsito de personas para evitar la propogacion de la pandemia de Covid-19 a su jurisdicción, lo que representa que estas medidas que podrían ser violatorias de derechos humanos como el de libre tránsito,  se han adoptado en el 25% del territorio oaxaqueño.

De acuerdo con el documento “Observaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”, de la Secretaría de Gobernación, a nivel nacional este tipo de medidas en las que se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente se han registrado en 340 municipios de 15 estados, lo que equivale al 20% de los municipios del país y a cerca de la mitad de los estados.

Por entidad, donde se presentan el  mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son: Campeche 100%, Guerrero 80%, Veracruz 36% y Oaxaca 25%.

En el caso de la entidad oaxaqueña, donde figuran 147 municipios, se trata en su mayoría de comunidades indígenas que se gobiernan por sus propios Sistemas Normativos, donde ante la precariedad de los sistemas de salud han decidido bloquear los accesos, pese a señalamientos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que piden que las medidas contra la pandemia no detengan el libre tránsito. 

Según la subsecretaria de Derechos Humanos y Migración de la Segob, las autoridades municipales no son competentes para tomar este tipo de medidas, y si argumentan que pueden tomarlas, éstas podrían traer consecuencias graves a las comunidades.

“Los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito. Los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios”.

La dependencia explica que las medidas impuestas con el uso de la fuerza “no cumplen con los requisitos de proporcionalidad, propician actos de abuso de autoridad y pueden tener efectos graves sobre el abasto de alimentos y medicinas; el acceso a servicios públicos, como seguridad y saneamiento, y en las cadenas de suministros de insumos esenciales de salud”.

Respecto a las comunidades indígenas, la Segob asegura que es  importante resaltar que “los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante Covid-19”. Por ello, asegura que su presencia no garantiza minimizar riesgos y más bien puede poner en riesgo a las personas que participan y vulnerar derechos humanos.

“En algunos casos, puede ser una justificación para la violación de derechos. Por ejemplo, se puede generar una crisis si les es impedido el ingreso a las personas migrantes que retornan masivamente a sus comunidades de origen”, señala. 

En Oaxaca, este tipo de medidas que restringen el acceso, han sido tomadas principalmente en localidades con difícil acceso a la salud y donde el principal órgano de toma de decisiones es la asamblea comunitaria, en donde expresa su voluntad la población.