En San Mateo del Mar, la violencia se desbordó a la vista de todos y terminó en masacre

Durante más de 10 años el municipio acumuló corrupción, fraudes electorales, abandono gubernamental, ambición de líderes políticos, caciques y empresarios, proyectos eólicos, ignorancia, venganza y pobreza
En San Mateo del Mar, la violencia se desbordó a la vista de todos y terminó en masacre
Foto: Edwin Hernández
29/06/2020
03:01
Roselia Chaca
Oaxaca
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Salina Cruz.—  En San Mateo del Mar nadie ha muerto de Covid-19, ni siquiera hay un sólo caso positivo,  pero en un mes y medio  fueron asesinados 16 indígenas ikoots, (uno a principios de mayo) a consecuencia del estallido de una  bomba social y política que durante más de 10 años acumuló  corrupción, fraudes electorales, abandono gubernamental, ambición de líderes políticos, caciques y empresarios, proyectos eólicos, ignorancia, venganza y pobreza.

La instalación de filtros sanitarios por la contingencia de parte de los dos grupos que se confrontan, el del gobierno municipal, encabezado por Bernardino Ponce, y la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots, fue el pretexto  para  que la problemática por el control del municipio terminara en la peor tragedia entre hermanos de etnia que se tenga registro en Oaxaca.

El reciente temblor que azotó a Oaxaca, sólo hizo que María, quien pide no dar su nombre real por seguridad, se despabilara y se moviera de aquella banqueta frente a la funeraria Santa Cruz mientras aguardaba el cuerpo de su esposo. 

Llevaba más de 12 horas esperando, a veces en la banqueta, otras veces debajo de un árbol, mientras  espera  a   que las la Vicefiscalía Regional del Istmo  le entreguen sua restos y que un convoy de la Policía Estatal y la Guardia Nacional la escolte hasta su pueblo.

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Foto: Edwin Hernández

A su lado, un bulto de flores blancas esperan acompañarla hasta el altar familiar  y el panteón, las  compró de una vez porque no  volverá a salir, teme por su vida.  

Ahí, un  joven  espera el cuerpo de su hermana, tiene la cabeza vendada con rastros de sangre. A él, los que mataron a su hermana lo agarraron a palos y, de milagro, salió con vida.

De repente se les acerca un funcionario de la fiscalía y les explica algunas gestiones burocráticas. Otras veces personal de la funeraria les indica que ya mero termina todo, que sólo faltan por ser reconocidas seis personas más. Ya así ven pasar el día, contando a veces la masacre que vivieron, rogando que todo termine y que la policía aparezca por la zona aunque sea de vez en cuando para brindarles seguridad, pero nada. Están solos esperando ataúdes.

“¡No lo pude ayudar!”  

María  recuerda que la noche del domingo recibió la última llamada de su marido: “Enciérrate con los niños. Cuídate”. Él formaba parte del grupo de Huazantlán que tenía bajo su resguardo la agencia municipal, y relacionado con el edil Bernardino Ponce Hinojosa, al que la mayoría de la gente en esa comunidad desconoce como autoridad desde 2019.  Después de aquella llamada, ella sintió que nada estaba bien.

Uno de sus hijos salió a la tienda, pero al regresar  le contó que los miembros de la  Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoost, opositores al edil, los  habían rodeado y les aventaban  piedras. La mayoría ganó, y los linchó.

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Foto: Edwin Hernández

“Yo lo vi de lejos [a su esposo], me gritaba que lo ayudara, pero no podía hacer nada, me dijeron que mejor me fuera o mataban a mi otro hijo. Los oí gritar,  pedir auxilio; cuando vi que ya había muerto me fui. Me querían obligar a verlo cuando lo empezaron a quemar.  Me fui de allí y me escondí en casa de una amiga.  Tenía por mi vida, aún temo por mi vida”, narra mientras se quiebra en llanto.

La noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de junio   nadie durmió. Lo único que los habitantes de esa franja de tierra abrazada por el mar y la laguna querían es que amaneciera, porque ni la presencia de la Guardia Nacional en la comunidad impidió que el horror se convirtieran en muerte y sangre.

El cuerpo del esposo de María y los de los otros 14 ikoots más los recuperaron 12 horas después, cuando la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca logró acceder a la comunidad y tres una primera negativa para permitirles enterrar a los muertos, finalmente se les otorgó “el derecho a la tierra”.

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