A una semana de la masacre, en San Mateo del Mar aún no se puede transitar con seguridad

Juchitán. - A una semana de la masacre de 15 indígenas Ikoots, cometida la noche del 21 de junio y la madrugada del lunes 22, en San Mateo del Mar aún no se ha logrado restablecer la tranquilidad y mucho menos llegar a la paz, tanto que aún no se puede transitar con seguridad en la zona, denunciaron integrantes de la alcaldía única de San Mateo del Mar, órgano conformado por autoridades tradicionales y comunitarias.

En un documento oficial, estas autoridades por Usos y Costumbres que desconocen al edil Bernardino Ponce, manifestaron que la violencia en San Mateo del Mar no es un conflicto interno entre comunidades ni entre agencias, tal y como lo indicó el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, sino que hay intereses económicos externos.

"Es un ataque de un grupo armado, de un agente externo, empresario con intereses económicos y políticos que coopta a ciudadanos de la comunidad, mismos que ahora pretende seguir controlando, inventando información y desvirtuando la verdad para sus fines”, denunciaron.

Las autoridades comunitarias desestimaron y señalaron como falsas las versiones donde se les responsabiliza por el asesinato de las 15 personas, quienes fueron torturadas y quemadas vivas, y que pertenecían al grupo que apoya el presidente municipal y el empresario Jorge Leoncino.

"El grupo armado del presidente utiliza a nuestros paisanos y paisanas quienes se prestan para hacer señalamientos falsos e insostenibles que dañan a nuestro pueblo y a nuestra asamblea. Abanderan causas que pretenden incriminar al pueblo Ikoots bajo el argumento de violación de derechos", acusaron.

Reiteran que la situación que se vive en esta comunidad indígena es un caso de violencia política y de omisión por parte del Estado.

"Como pueblo nos queda clara la ausencia del gobierno, es necesario revisar los niveles de responsabilidad, la función de los órganos de seguridad, sus omisiones, si es para prevenir o sólo para intervenir cuando los delitos ya se hayan cometido. ¿Por qué la noche del 21 de junio la Guardia Nacional abandonó al pueblo? ¿Por qué se retiraron del lugar? ¿Por qué el Gobierno del Estado no atendió cuando lo solicitamos? ¿Quiénes no hicieron o no actuaron como corresponde para evitar esta tragedia? ¿A qué intereses políticos y económicos responden las instituciones?" cuestionaron.

Ahora, dijeron, esperan que se apliquen las medidas cautelares para toda la población y el Congreso local intervenga en el problema, pues hasta el día de hoy no se han normalizado las actividades, no se puede transitar con seguridad.