“Hasta la fecha no hay ninguna persona detenida por estos hechos violentos”, señalan en un comunicado, la representante de las personas desplazadas de Ndoyonoyuji, el agente de Guerrero Grande, el agente municipal de Mier y Terán y el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.
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De igual manera, el día 31 de diciembre de ese mismo año, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente 1456/2021 a 1460/2021 solicitando al Estado mexicano la búsqueda de cuatro personas desaparecidas entre ellas, la activista Irma Galindo, pero a la fecha no se ha localizado a ninguno de ellos, por lo que señalan que las acciones realizadas por el Estado no han sido suficientes.
La violencia también obligó a más de 300 personas a huir de sus casas por la violencia. Hasta el momento se mantienen tres grupos de personas desplazadas, un grupo se encuentra aún en las instalaciones del INPI en Tlaxiaco, mientras que el otro, pudo regresar a Guerrero Grande, pero aun no regresan a sus casas porque fueron quemadas.
Un grupo más que fue desplazado a inicios de octubre del 2021, se encuentra disperso en el municipio de Atatlahuca.
Mientras el gobierno de Oaxaca y federal acuerdan sobre las soluciones a los distintos grupos de personas desplazadas, aún no hay reparación de daños, tampoco se ha informado sobre las soluciones duraderas o a corto plazo para dignificar el acceso a los servicios básicos de las víctimas.
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