Covid-19 empantana diálogo con pueblos indígenas sobre obras del Tren Transístmico

Juchitán. - La pandemia del Covid-19 está empantanando el diálogo entre las autoridades de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), y las comunidades indígenas de la zona norte del Istmo, que exigen un amplio proceso informativo y una consulta sobre las posibles afectaciones al medio ambiente, antes de que se continúe  con los trabajos de modernización de las vías del Tren Transístmico.

Luego de frenar las obras en algunos tramos del trazo, el pasado domingo cinco de julio el director general del FIT, José Sánchez, se comprometió a realizar una serie de asambleas informativas en una docena de comunidades pertenecientes a los municipios de San Juan Guichicovi, Santa María Petapa y Matías Romero, que deberían concluir el 12 de agosto; —de forma independiente a la consulta que debe realizar la Semarnat—, pero éstas tuvieron que ser suspendidas luego de que Oaxaca regresó a semáforo rojo por el alto riesgo frente a la pandemia.

Eso se suma a que en marzo pasado, ya había sido suspendido el proceso de consulta que estaba realizando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 31 pueblos indígenas, debido a la contingencia sanitaria. Hasta ahora, no hay fecha para reanudarla.

Ahora, la exigencia de las comunidades es que al igual que las asambleas, también se suspendan de forma oficial los trabajos ante el riesgo que representa que sigan las actividades en estos poblados del norte  del Istmo de Tehuantepec, región donde la emergencia es aún más grave, pues se vive una fase acelerada de la pandemia.

Foto: Edwin Hernández

Albino Pedro Juan, presidente del Ejido San Juan Guichicovi, habitado por campesinos ayuujk (mixes) lamenta que las autoridades del FIT y del programa Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no respondan con claridad a la demanda de las comunidades indígenas en el sentido de que no sigan los trabajos de modernización de la red ferroviaria, mientras no haya asambleas informativas y consultas.

“Nosotros decidimos suspender las asambleas informativas acordadas con el FIT para evitar las aglomeraciones y los contagios y cuando se lo propuse al coordinador del programa Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, estuvo de acuerdo, pero ya no respondió cuando le dije que también acordamos que no se realizará ningún trabajo del tren”, explica. El diálogo quedo empantanado.

Las asambleas informativas que se suspendieron por decisión de las comunidades indígenas, debían realizarse en El Zarzal, Pachiñé, El Encinal y San Juan Guichicovi, además de Rincón Viejo y Buenavista, del municipio de Santa María Petapa. 

Ante la decisión de suspender asambleas y obras, en esas poblaciones los habitantes de la etnia mixe y zapoteca estarán vigilantes, señalan las autoridades ejidales.

Asamblea de la comunidad muxe/ Foto: Cortesía

El líder de los ejidatarios, Albino Pedro Juan, advierte que si las autoridades del FIT insisten en realizar los trabajos sin la autorización de los pueblos, van a  “organizar a los campesinos e iremos a correr a todos los trabajadores de las empresas contratadas por el FIT”.

Sin respuesta de CNDH

La resistencia de los pueblos mixes contra el Tren Transístmico no es nueva. Desde febrero pasado los ejidatarios de Guichicovi solicitaron el amparo de la justicia federal contra la modernización de 133 kilómetros de la red ferroviaria que corre de Salina Cruz, Oaxaca, a Medias Aguas, Veracruz, y que conecta con el puerto de Coatzacoalcos.

Mientras que la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), ha acusado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a l de ser cómplice de irregularidades en el proyecto.

En un documento enviado por  Dagoberto Toribio Severo, presidente de la Ucizoni, la organización recrimina a la titular de la CNDH, Rosaria Piedra Ibarra, porque a siete meses de que los pueblos indígenas denunciaron  violaciones a sus derechos humanos, aún no tienen una respuesta y ni siquiera ha sido instaurada la denuncia, por lo que no se han dictado medidas cautelares.

Foto: Cortesía

La queja, con el folio 8834/2020 y fecha del 29 de enero, denuncia presuntas violaciones en contra de los derechos humanos de  comunidades indígenas de Oaxaca, asentadas en San Juan Guichicovi, Santa María Petapa y Matías Romero, y habitadas por los pueblos Ayuuk y Binnizá.

Dicho reclamo presentado ante la CNDH fue en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), de la Procuraduría Agraria, y del organismo descentralizado denominado Corredor Interoceánico, quienes convocaron a consultas sobre el Programa de Desarrollo del Istmo, incluyendo la modernización del Tren Transístmico.

En la queja se cuestiona que la consulta no se haya apegado a los protocolos internacionales que dictan que debe ser libre, previa e informada.

“Han pasado siete meses desde que la CNDH recibió nuestra queja y a pesar de varios requerimientos, no ha sido instaurada y de esa forma la CNDH se convierte en cómplice de la violación de nuestros derechos humanos, señala el dirigente de Ucizoni, quien demanda medidas cautelares para las comunidades indígenas.

Le dan otros datos al Presidente 

Sobre el lento avance que ha registrado la modernización de las vías, —que incluye cambio de ríeles y durmientes, recortes de curvas y pendientes, así como la construcción de puentes para los vehículos—, Marín Mollinedo, titular del órgano denominado Corredor Interoceánico, aseguró al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita al Istmo a supervisar las obras, que los retrasos en los tramos tres, cuatro y cinco, se debían a que aún no se liberaba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Esta versión fue rechazada un día después por la propia Semarnat, que precisó que la MIA fue resulta favorablemente desde el 21 de mayo pasado, pero indicó que estableció un conjunto de condiciones previas al inicio de las obras, para la protección de flora, fauna, cuerpos de agua, atención a la contaminación y a la reforestación.

Entre dichos “candados” a la obra se incluyó también la necesidad de  culminar la consulta a los pueblos indígenas y tomar en cuenta sus propuestas, así como crear comités de vigilancia comunitaria al proyecto. 

Al respecto, la dependencia indicó que al 28 de julio, seguía en espera de que la empresa presentara los documentos de respuesta a esas condiciones. 

“La Secretaría permanece atenta, desde hace 46 días hábiles, a la recepción de los documentos de la empresa, para la comprobación del cumplimiento de las condiciones dictadas para el inicio de las obras del proyecto”, señaló.

Que las condiciones de las comunidades indígenas han obstaculizado las obras fue confirmado por Raúl Hernández Torres, dirigente de la sección 13 del Sindicato Ferrocarrilero, organización que participa en el proyecto, quien reconoce que se avanza lentamente por los conflictos sociales con poblaciones ubicadas en la zona norte del Istmo.

Con la finalidad de conocer la postura oficial sobre la decisión de las comunidades de suspender los trabajos, El UNIVERSAL buscó al director del FIT, José Sánchez, pero no hubo respuesta.