Defensoría indaga detención de mujer y sus hijas
El día de ayer se dio a conocer la denuncia de habitantes de esta localidad indígena ubicada en la Sierra Norte
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ya tomó conocimiento del encarcelamiento por 24 horas de una mujer y sus dos hijas menores de edad en la comunidad de San Juan Mazatlán Mixe, informó en entrevista con EL UNIVERSAL el ómbudsman oaxaqueño Bernardo Rodríguez Alamilla.
El día de ayer se dio a conocer la denuncia de habitantes de esta localidad indígena ubicada en la Sierra Norte, que colinda con el Istmo, en la cual se acusó al síndico Victorino Cabrera Andrés de encarcelar sin motivo a una mujer identificada como Judith, junto con sus hijas de 8 y 2 años de edad aproximadamente.
El presunto abuso de autoridad ocurrió el viernes a las 20:30 horas, cuando la mujer acudió a preguntar sobre su esposo Juan N, quien llevaba más de 48 horas detenido en la carcel de la comunidad, y como respuesta fue encarcelada, lo cual fue documentado a través de fotografías que circularon en redes sociales.
De acuerdo con el defensor, en los hechos no estuvo en involucrada la autoridad municipal de la cabecera sino los mandos comunitarios, y se indaga qué hay de trasfondo.
Rodríguez Alamilla asegura que en un afán de no criminalizar a las comunidades indígenas, lo que se buscó inicialmente fue entablar comunicación con la autoridad municipal, con quienes tuvieron contacto desde ayer.
Afirma que el presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe, Macario Eleuterio Jiménez, confirmó que esto ocurrió en días pasados, pero aclaró que quienes están involucradas son autoridades tradicionales, características de estas localidades. "Aunque esto sucedió en la cabecera, sí es un tema con el síndico, pero con el síndico comunitario. Estamos en ese proceso para indagar qué es lo que sucedió", indica.
Agrega que ya hubo comunicación con Plasencia Epitacio Bonifacio, presidenta comunitaria, y se busca contactar al síndico comunitario, y será hasta que tengan toda la información que se podrá actuar al respecto. "Estamos en ese proceso. Las imágenes son fuertes, pero necesitamos tener toda la información para tener una participación más coherente y objetiva".
Señala que la versión, no confirmada hasta el momento, es que la mujer que fue apresada es esposa del síndico comunitario, lo cual esperan verificar en el transcurso del día.
Aunque detalla que cada caso es distinto y debe analizar de forma independiente, el defensor acepta que tradicionalmente las instituciones del estado no reconocían a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, sino que se asumía qué se les tenía que decir, qué hacer, y se les imponía cómo actuar.
"El primer ejercicio que se tiene que hacer en un país con pluralismo jurídico es reconocer a las comunidades como sujetos de derecho, y que ellas tienen derecho a impartir justicia". Agrega que tradicionalmente se criminaliza a las comunidades indígenas al asegurar que actúan de manera irracional o no saben lo que hacen, lo cual considera que incluso es discriminatorio y peyorativo .
"Se tiene que reconocer su posibilidad de crear derechos y normas (...) lo que obliga es a verlo de frente y dialogar con ello, no a imponer. Es un proceso", señala Rodríguez Alamilla.
Agrega también que "la mayoría de las instituciones sigue viendo a las comunidades como alguien a quien tú tienes que regañar y decirle cómo hacer las cosas". Precisa que se tiene que cambiar esta mirada, pues asegura que esto no significa que no se pueda señalar lo que se considere que está mal en materia de derechos humanos y dignidad de las personas.
Es por esa razón, afirma, que en este caso buscan tener claridad de lo que sucedió para poder actuar en consecuencia. "Queremos acércanos sin intermediarios para generar el diálogo y no criminalizar a las comunidades", finaliza.