Unistmo aplica su reglamento a modo para mantener a profesores denunciados por hostigamiento

Juchitán.– La Universidad del Istmo (Unistmo) fue tajante al aplicar sus reglas y despedir a la docente que acompañó al menos a cuatro alumnas que han denunciado acoso y hostigamiento sexual de parte de profesores. Se trata de la profesora investigadora Virginia Ilesca Vela, sobre quien la Unistmo  argumenta que violó la cláusula de exclusividad de su reglamento, al dar clases en otra institución en su tiempo libre sin informarlo. 

En contraste, la Unistmo mantiene en su plantilla docente a los dos profesores denunciados por hostigamiento sexual, tanto ante el Consejo Académico, como ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado (FGEO). A dichos profesores, sólo se les iniciaron procedimientos administrativos que no ameritan despido, según informó la propia Unistmo. 

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Incluso a uno de ellos que fue vinculado a proceso penal como presunto responsable del delito de hostigamiento sexual contra a una alumna, se le respetó “su derecho”, a no renunciar, como se lo solicitó la universidad, informaron en un comunicado las autoridades del campus Ixtepec. 

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La Red de Abogadas Indígenas es categórica al señalar que dichos actos evidencian que la Unistmo aplica todo el peso de su reglamento, pero lo hace a conveniencia: cuando quiere callar las voces críticas como la de Virginia, las despide con las reglas en la mano, pero sólo amonesta a profesores señalados como hostigadores, como ocurrió en caso de la carrera de Derecho. En dicha licenciatura, a Silvio “N”, vinculado a proceso, se le ha garantizando el derecho de audiencia, y por tanto se le asignaron las materias Derecho Electoral y Derecho Ambiental. 

¿Falta grave? 

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De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento del Personal Académico de la Unistmo, la suspensión o separación definitiva del cargo a un docente de la universidad se aplica a los actos “contrarios a la moral y el respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria”; mientras que un artículo antes, en el 47, se especifica que no es motivo de suspensión ni separación del profesor cuando se comete una violación no grave de las normas, es decir, que no lesiona los intereses de la universidad. 

En el caso de Virginia, esta normativa se aplicó en sentido contrario. Mientras que a ella se le despidió por no informar que ha impartido clases en otras instituciones, los profesores señalados de acoso y hostigamiento sexual no han sido despedidos, pese a que su conducta violenta lo que estipula el artículo 48.

Dicho artículo estipula que es motivo de separación del cargo “la realización de actos que puedan lesionar o debilitar los principios universitarios, o la buena marcha de las actividades académicas, o bien la hostilidad manifiesta en actos contra la Universidad o los universitarios”. 

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Ante esta aplicación a modo del reglamento de la Unistmo, la investigadora señala que la universidad se contradice a sí misma para proteger a los denunciados.

“Este caso que se lleva por la vía legal, con pruebas, demostró que la Unistmo se maneja en una completa impunidad, desde el rector y el vicerrector, porque en la primera fase la universidad supo de las denuncias y no hizo nada. Aunque digan que hubo sanciones a los profesores, no es cierto, los profesores siguen con grupos, en cambio se van con todo el peso de su reglamento contra las profesoras que acompañaron a las víctimas,  y a una de ellas sí la despiden”, explica Elizabeth Olivera, coordinadora  de la Red de Abogadas Indígenas, capitulo Oaxaca, que acompaña el caso. 

Para la abogada, desde de la vinculación a proceso de uno de los profesores, la Unistmo busca ponerlos como víctimas, con el argumento de que es  un ataque a la universidad, y señalando como responsable de ello en documentos institucionales a Virginia Ilescas, cuando lo que se buscaba, afirma es justicia para las alumnas víctimas y castigo a los agresores. Ante ello, insiste que debe darse celeridad a las otras dos denuncias interpuestas ante la fiscalía, para que los otros señalados también sean vinculados a proceso.

“Aun cuando ya se nos dio la razón, al grado que ya se vinculó a proceso a uno de los agresores, los directivos siguen sin realizar un análisis de la situación y ni siquiera han buscado elaborar un protocolo de actuación en los casos de violencia de género dentro de la institución. Ellos están en una actitud prepotente, se sienten víctimas cuando no lo son, sienten que nadie los va a castigar y  al final callarán todas las voces”, agrega la litigante.