La indígena chinanteca Reyna Felipe Jiménez, el Colegio de Abogados de Tuxtepec y Litigio Estratégica Indígena A. C., iniciaron una lucha jurídica que busca el rescate y restauración del “Castillo de Moctezuma” ubicado en el centro de San Juan Bautista Tuxtepec, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca.
Reyna Felipe explicó que esta construcción histórica se resiste a desaparecer pese al crecimiento acelerado de la mancha urbana. “Esta construcción, legado del pueblo chinanteco, ha sobrevivido al paso del tiempo sin reconocimiento oficial ni protección institucional, y hoy enfrenta nuevas amenazas derivadas de la expansión urbana y la omisión del Estado”.
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Ante esta situación, informó que con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena y el Colegio de Abogados de Tuxtepec, emprendió una acción legal en defensa del sitio.
El objetivo del litigio es lograr que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emita una declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
“El Castillo de Moctezuma no es una ruina ni un obstáculo al desarrollo: es un símbolo de nuestra historia y una prueba viva de la existencia ancestral del pueblo chinanteco en este territorio”, declaró Reyna Felipe Jiménez. El lugar, aunque rodeado por construcciones modernas, sigue siendo un espacio de memoria y resistencia.
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Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, agregó que la defensa del castillo es una causa emblemática porque es un sitio que representa una pieza clave de la memoria histórica del pueblo chinanteco.
“No sólo debe ser protegido como patrimonio cultural, sino reconocido como un símbolo de la resistencia indígena frente al olvido institucional y la expansión urbana. La justicia patrimonial también es una forma de justicia histórica”.
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En la acción jurídica que emprendieron, detalló, se apeló a la normativa nacional y a los marcos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen el derecho de los pueblos originarios a conservar, proteger y acceder a sus lugares históricos y culturales.
Con este caso también se busca sentar un precedente para que comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a defender legalmente su patrimonio “frente a la urbanización descontrolada y la negligencia institucional, combinando herramientas jurídicas con la fuerza de la memoria colectiva”.
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