La comunidad de Santa María Zaniza, ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca, informó que retuvo a la delegada de Paz del Gobierno del estado, Lourdes Adriana Rodríguez Santos, durante la jornada de consulta de revocación de mandato por intentar sobornar y comprar a los funcionarios de casilla para que le entregaran las boletas. También informó que la asamblea general le impuso una multa de 10 millones de pesos a cambio de dejarla en libertad.
Y desmintió que la funcionaria estatal haya acudido a la comunidad ante la retención de dos hombres que forman parte del personal del Instituto Estatal Electoral y Participación de Oaxaca (IEEPCO) y del Instituto Nacional Electoral (INE).
“El pueblo desmiente que la delegada haya acudido por la supuesta detención de personal del INE. Nunca hubo ningún asistente electoral detenido; la delegada llegó al municipio con anticipación y con un plan ya definido”.
Durante la jornada de revocación de mandato del 25 de enero de 2026, los pobladores detuvieron a dos funcionarios electorales y a la delegada del Gobierno de Oaxaca, Adriana Rodríguez. En ese momento, el órgano electoral informó que fueron retenidos por la supuesta compra de votos.
Hoy, la comunidad precisó que Adriana Rodríguez Santos intentó sobornar y comprar a funcionarios de casilla para que le entregaran las boletas y que, ante la negativa de los funcionarios, Adriana Rodríguez “tomó las boletas por la fuerza y comenzó a marcarlas a su antojo”.
“Por estos actos de corrupción y fraude electoral, fue detenida y encarcelada por la autoridad comunitaria. El 26 de enero, el pueblo de Santa María Zaniza, reunido en asamblea general, comprobó los hechos y, conforme a su reglamento interno, impuso una multa de 10 millones de pesos, recurso que será destinado a obras públicas”.
La comunidad de Santa María Zaniza informó que hasta que no se pague la multa de 10 millones de pesos, no se permitirá su liberación y exigió al Gobierno del estado que retire del cargo a la delegada Adriana Rodríguez y le imponga una sanción ejemplar “por promover corrupción, soborno y compra de votos, cuando su función debería ser garantizar la paz social”.