Las autoridades agrarias de San Francisco Cozoaltepec, comunidad de Santa María Tonameca, Oaxaca, acusaron al Consejo de la Judicatura Federal de proteger a la Magistrada del Poder Judicial de la Federación, Adriana Alejandra Ramos León, quien con su actuación validó y encaminó una condena al Estado mexicano para pagar más de seis mil millones de pesos a dos particulares como pago por 300 hectáreas, que aseguran, fueron excluidas ilegalmente de sus bienes comunales.
Alejandra Ramos, denunciaron, actualmente es candidata en la elección extraordinaria para continuar como Magistrada del Poder Judicial Federal en Oaxaca.
El Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec, presentó una queja en su contra en la que la acusan de actuar de manera irresponsable, carente de profesionalismo e imparcialidad.
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En la queja presentada en el Consejo de la Judicatura Federal también es contra el Juez Primero de Distrito, Emmanuel Hernández Alva y la Magistrada Rosa Iliana Noriega Pérez.
Según las autoridades de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, este Juez y las dos Magistradas del Poder Judicial de la Federación dictaron resoluciones ilegales y contradictorias, en claro beneficio de los particulares, quienes despojaron a la comunidad de 300 hectáreas.
“De esta forma obtendrán el pago de la cantidad actual de más de seis mil millones de pesos por una superficie de tierra que ilegalmente le fue excluida a la comunidad y que se encuentran dentro de la localidad de Tilzapote, del cual no tienen derecho alguno”.
Esta sentencia, agregaron, es también en detrimento del propio Estado mexicano, ya que de realizarse este pago se afectará el interés público, “porque se trata de una cantidad similar al presupuesto de un estado de la república”, y se dejaría de ejercer ese recurso económico en programas sociales, como seguridad, salud, educación, entre otros.
“Consideramos, que es claro el interés superlativo reflejado en la gravedad del presente tema, pues es notoria la posible afectación económica al Estado Mexicano que tiene una relación directa e inmediata con el órgano de administración de justicia, ya que un hecho superviniente y posterior mediante el engaño debidamente demostrado, hayan obtenido diversas sentencias los quejosos en su favor y ahora pretenden cobrar una cantidad estratosférica de dinero que el propio Estado Mexicano tiene que pagar”.
Las autoridades agrarias de San Francisco Cozoaltepec señalaron que avalar esta situación, sería como hacer lícito un hecho derivado de uno ilícito, y más – señalaron - cuando la propia autoridad juzgadora, “se percata de ese hecho ilícito, y en forma irresponsable y parcial no se pronuncia, lo que lo hace cómplice en perjuicio del núcleo agrario”.
Sin embargo, afirmaron que pese a que se presentaron las pruebas del actuar irresponsable del Juez y las dos Magistradas, el Consejo de la Judicatura Federal únicamente desechó la queja presentada.
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Ahora, presentaron un recurso de inconformidad contra esa resolución que espera se realice el trámite imparcial en que se vean las contradicciones ilegales en la que incurrieron dichos funcionarios en beneficio de los particulares.
Asimismo, señalaron que de manera oportuna impugnaron la condena de más de 6 mil millones de pesos mediante el recurso de queja correspondiente.
Pero ante la incertidumbre de la parcialidad con la que se favorece a los dos particulares beneficiados, también promovieron como medio de defensa un recurso en contra de las autoridades judiciales porque “es evidente la parcialidad en favor de los particulares, mismos recursos que están pendientes de resolverse, y que esperan que la autoridad judicial los resuelva conforme a derecho de manera imparcial y sin beneficiar a dichos particulares”.
Las autoridades agrarias sostuvieron que mediante arbitrariedades y corrupción con las autoridades judiciales obtuvieron una sentencia en su favor, “por lo que solicitan la revisión completa del expediente pues dichas anomalías son evidentes”.