Representantes de organizaciones sociales que conforman el Observatorio Comunitario del Agua (OCCAMA) advirtieron que el proyecto de construcción de la presa Paso Ancho (hoy llamado Margarita Maza) inició sin realizar un proceso de información y consulta a las comunidades que se verán afectadas por este megaproyecto, sin Manifestación de Impacto Ambiental y con irregularidades en la asignación de contratos públicos.
También, denunciaron que las estimaciones del costo de la obra incrementó en alrededor de 2 mil millones de pesos y que se mantiene la opacidad en la información relacionada con el megaproyecto.
“Desde agosto de 2024, manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre el asunto, con el grave antecedente de las fallas y omisiones que hicieron de Paso Ancho una obra inviable técnica, social y jurídicamente. De igual forma, en diversas reuniones con el gobierno federal y estatal manifestamos sin éxito nuestro interés por conocer y discutir el nuevo proyecto”, señaló Yésica Sánchez Maya, codirectora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa cambió su nombre a “Margarita Maza” y se construirá en la localidad de Rancho Viejo del municipio de Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca, y su objetivo es suministrar de agua potable a la zona metropolitana de la capital del estado.
El proyecto contempla la construcción de una cortina y una capacidad con menores magnitudes a la que se había planteado con la presa Paso Ancho.
Con esta obra, el Gobierno federal y estatal pretende beneficiar a 641 mil habitantes con mayor consumo de agua y liberación de recursos, y su construcción contempla la presa, obra de toma, acueducto, planta potabilizadora con líneas de interconexión y redes.
Mauricio del Villar, integrante del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (INSO), detalló algunas inconsistencias en la asignación de los primeros contratos para la construcción de la presa.
Durante la conferencia de prensa, explicó que en abril de 2025 la Comisión Estatal de Agua para el Bienestar presentó los términos de referencia para los estudios de ingeniería básica y anteproyecto de la presa de almacenamiento y acueducto para complemento.
Pero en el proceso de licitación de la ingeniería básica y anteproyecto de la presa la Comisión Estatal del Agua presentó un acta de junta de aclaración donde participan cuatro consultores o empresas, mientras que el 21 de mayo en el acta de apertura y presentación sólo se presentaron dos empresas: FRO Ingenieros y Quiroga Desarrollo de Ingeniería y Consultoría, pero esta última no cumplía los requisitos y, en consecuencia, se adjudicó de manera directa a la empresa FRO Ingenieros un contrato de 64 millones 79 mil 137.52 pesos.
A esto se suma que, según la información de la Conagua, el costo de la obra que aún no empieza a construirse se elevó de 4 mil 600 millones de pesos a 7 mil 840 millones de pesos y es probable que durante su ejecución se eleve un 50 por ciento más y se prolongue su construcción un porcentaje similar en el tiempo proyectado para su construcción, apuntó Juan José Consejo, director del INSO, con base en estudios realizados por el Banco Mundial.
“Al ver todos estos sucesos son muchas las preguntas que surgen y quedan en el aire y es fundamental que un proyecto de esta envergadura sea contestado por parte de las autoridades estatales y federales”, dijo.
Por ello, los integrantes del OCCAMA exigieron a las autoridades establecer un diálogo abierto para abordar con transparencia los alcances e impactos del proyecto de la presa, reorientar estos recursos a mejorar y reparar las redes urbanas del suministro y distribución del agua potable en la zona metropolita, porque ahí se desperdicia el 50 por ciento del agua en fugas.
Además del cumplimiento en tiempo y forma de la legislación sobre el derecho a la información, a los asuntos agrarios y a los derechos humanos, entre otras exigencias.