Ante riesgo de violencia por fallo a favor de Oaxaca, se instala el miedo en Los Chimalapas

Juchitán de Zaragoza.—   Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  resolvió a favor de Oaxaca la controversia constitucional interpuesta hace 10 años sobre los Chimalapas, por la que determina que 162 mil hectáreas corresponden a comunidades zoques del estado y no a Chiapas, se reavivó la zozobra y la atmósfera de tensión entre las poblaciones de ambas entidades que viven en la parte oriente, considerada desde hace 54 años como la zona de conflicto.

Tanto chiapanecos como oaxaqueños fijaron de inmediato sus respectivas posturas. Los primeros rechazaron el fallo de la Corte y advirtieron mediante videos con personas armadas, que no permitirán que les arrebaten sus tierras. Los segundos demandaron la presencia de la Guardia Nacional (GN), para evitar actos de violencia.

En su resolución, donde los magistrados avalaron que los límites entre Oaxaca y Chiapas parten del sur en Barra de Tonalá y culminan al norte en el cerro de los Martínez, la SCJN emplazó a gobernadores y diputados locales de ambas entidades para que acuerden los mecanismos que permitan instrumentar la sentencia judicial.

Los gobernadores Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, y Rutilio Escandón Cadenas, de Chiapas, expresaron por separado en comunicados, que trabajarán para mantener la paz y la estabilidad en la región y se comprometieron a mantener sus políticas sociales. 

Desde la población de La Libertad, que pertenece a Santa María Chimalapa, la voz del exagente municipal, Miguel Huet, expresa preocupación. 

Teme, dice, que sus vecinos de Rafael Cal y Mayor reaccionen con violencia. “La gente del pueblo, que está a una hora en camioneta, no nos ha dicho nada. Pero sabemos que los ganaderos están muy enojados”. 

Hace 27 años, los pobladores tzotziles de La Libertad aceptaron el programa de conciliación que desde 1993 impulsaron las comunidades chimalapas en la zona. Antes, La Libertad pertenecía a Cintalapa, Chiapas. Desde entonces, “los caciques, de Cal y Mayor, no la gente, nos tachan de traidores”, aclara.

El presidente de los comuneros zoques de Santa María Chimalapa, Julián López, también mostró su preocupación por la seguridad de las poblaciones de la zona de conflicto: “Nos han dicho que se sienten amenazadas, como en Benito Juárez II y Nueva Jerusalén, que están en riesgo porque los ganaderos chiapanecos incitan a la violencia”.

 López declinó comentar las acciones que tomarán los pueblos zoques para recuperar las tierras invadidas por poco más de 20 núcleos ejidales que los gobiernos anteriores crearon, bajo el pretexto de que esas tierras no tenían dueños, que eran “tierras nacionales”.

“La situación es muy delicada, ya vimos la reacción negativa de los ganaderos”, señala.

Para el presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa, el anuncio de la creación de autodefensas armadas en  Cal y Mayor, para evitar que se ejecute la sentencia de la SCJN, es suficiente razón para que el gobierno federal garantice condiciones de seguridad, paz y estabilidad en la zona.

Por el momento, “será la asamblea de comuneros la que acuerde todos los pasos y las rutas que tomaremos para avanzar en la recuperación de las tierras y en la salvaguarda de nuestros bosques y selvas. La asamblea es la máxima autoridad, y ahí todos podrán opinar, pero lo que adelanto es que nuestros actos evitarán la violencia, nos vamos a conducir con la ley”.

De la misma forma se pronuncia el regidor de Asuntos Agrarios de San Miguel Chimalapa, Álvaro Román Ríos, quien comenta que los pueblos chimalapas no caerán en la provocación de los depredadores de la selva zoque.

Exhorta al gobierno de Oaxaca a que en los próximos días instale una mesa de trabajo con los pueblos chimalapas para trazar la ruta institucional, en consonancia de lo que aprueben las asambleas comunales e invita al gobierno federal para que garantice la paz  y  evite derramamiento de sangre.

El coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García , plantea que la Secretaría de Gobernación federal podría impulsar una comisión interinstitucional con autoridades de Oaxaca, Chiapas  y  los pueblos chimalapas.

García Aguirre recuerda que, a fines de 2011, cuando la zona de conflicto volvió a tensarse por incursiones de ganaderos chiapanecos que talaban pinos, el gobierno federal creo la Comisión Interinstitucional, misma que no fructificó porque el gobierno chiapaneco  creó ilegalmente el municipio Belisario Domínguez.

“Si hay voluntad de todas las partes, como la que han mostrado por años las comunidades chimalapas para mantener la paz, será posible crear esa comisión que involucre y comprometa al gobierno federal en la instrumentación del fallo de la SCJN que, después de 54 años, le ha dado la razón a Oaxaca y a los pueblos de San Miguel y Santa María Chimalapas”.  

En un comunicado emitido en días pasados, el gobierno de Chiapas expresó su compromiso con la población asentada en la zona límitrofe con Oaxaca, para defender sus derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de que no sean vulnerados.

“Desde ahora el gobierno del estado de Chiapas manifiesta su compromiso de generar las condiciones para una convivencia armoniosa entre todas las partes”, dijo.