Ante ventaja de Morena a gubernatura de Oaxaca, temen impunidad en desaparición de Claudia Uruchurtu
Las hermanas de Claudia, Sara y Elizabeth, expresaron su preocupación por el proceso penal que se sigue ante la desaparición forzada de su hermana, ocurrida en Nochixtlán, municipio gobernado entonces por MORENA
Oaxaca de Juárez.- A 10 meses de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, presuntamente ordenada por la expresidente municipal morenista de Nochixtlán, en la Mixteca de Oaxaca, su familia teme que el crimen contra la activista, que denunció corrupción y abusos de autoridad de la entonces edil, quede en la impunidad ante la enorme ventaja que el partido Morena mantiene de cara las elecciones para renovar a la gubernatura, por lo que exige que se aplique la justicia contra los cuatro detenidos.
A través de una carta dirigida al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, las hermanas de Claudia, Sara y Elizabeth, ambas de nacionalidad mexicana e inglesa, expresaron su preocupación por el proceso penal que se sigue ante la desaparición forzada de su hermana, ocurrida el 26 de marzo del 2021, en Nochixtlán, municipio gobernado entonces por MORENA.
En el documento, las hermanas explican que su preocupación se centra “en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la expresidenta municipal de Nochixtlán Lizbeth V., y otras cuatro personas más, algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal”.
Lo anterior, expresaron, porque “en el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados (…) mismo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República”.
Las hermanas Uruchurtu abundaron que el temor central de la familias es que en el caso de su hermana Claudia, “se privilegie más la interpretación política que la genuina aplicación de la justicia”, por lo que en la carta a la ONU exigieron que de derivado de la petición de acción urgente que se presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2021, en nombre Claudia Uruchurtu Cruz, misma que fuera registrada con el número de referencia AU 1013/2021, se “emita nuevamente lo conducente hacia el Estado mexicano y realice las observaciones necesarias para la debida aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos”.
La solicitud de las hermanas a la ONU para que se pronuncie por el caso, se da porque este lunes inicia la audiencia intermedia, etapa procesal importante para el ofrecimiento, admisión y depuración de elementos de prueba que serán materia del juicio, misma que se realizará en el Penal de Tanivet, en los Valles Centrales de Oaxaca.
La familia de Claudia Uruchurtu justificó su llamado a la ONU argumentando que en México, aunque la justicia debe garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos mediante instituciones independientes y a través de criterios que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía (…) “en la práctica existe injerencia de diversos actores que motivan la pérdida de la imparcialidad”, pues los “Usos y Costumbres institucionales se sujetan a la voluntad y a las condiciones políticas del momento, donde es la impunidad la única victoriosa”.
Recordaron que las desapariciones, feminicidios, violaciones y detenciones arbitrarias, así como los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, son algunos de los problemas más serios que afectan al país, y que se han visto incrementados por el escenario de impunidad mencionado. En el caso de Oaxaca, la entidad fue considerada en 2021 como donde más asesinatos de activistas y defensores se cometieron en el año, pues siete activistas fueron ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca, con lo que la entidad se ubicó en el primer lugar del país, según un informe publicado por el Comité Cerezo.
Ante ello, las Uruchurtu aseguraron y lamentaron que “en el proceso de transformación iniciado por el Gobierno Federal, la justicia es un rubro que enfrenta enormes retos y en el cual hay enormes territorios sin control, en donde son los cacicazgos locales o los poderes fácticos quienes dominan, disponen, deciden, resuelven y sentencian”.
