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Lo anterior, expresaron, porque “en el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados (…) mismo que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República”.
Las hermanas Uruchurtu abundaron que el temor central de la familias es que en el caso de su hermana Claudia, “se privilegie más la interpretación política que la genuina aplicación de la justicia”, por lo que en la carta a la ONU exigieron que de derivado de la petición de acción urgente que se presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2021, en nombre Claudia Uruchurtu Cruz, misma que fuera registrada con el número de referencia AU 1013/2021, se “emita nuevamente lo conducente hacia el Estado mexicano y realice las observaciones necesarias para la debida aplicación de la justicia independientemente de los escenarios políticos”.
La familia de Claudia Uruchurtu justificó su llamado a la ONU argumentando que en México, aunque la justicia debe garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos mediante instituciones independientes y a través de criterios que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía (…) “en la práctica existe injerencia de diversos actores que motivan la pérdida de la imparcialidad”, pues los “Usos y Costumbres institucionales se sujetan a la voluntad y a las condiciones políticas del momento, donde es la impunidad la única victoriosa”.
Recordaron que las desapariciones, feminicidios, violaciones y detenciones arbitrarias, así como los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, son algunos de los problemas más serios que afectan al país, y que se han visto incrementados por el escenario de impunidad mencionado. En el caso de Oaxaca, la entidad fue considerada en 2021 como donde más asesinatos de activistas y defensores se cometieron en el año, pues siete activistas fueron ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca, con lo que la entidad se ubicó en el primer lugar del país, según un informe publicado por el Comité Cerezo.
Ante ello, las Uruchurtu aseguraron y lamentaron que “en el proceso de transformación iniciado por el Gobierno Federal, la justicia es un rubro que enfrenta enormes retos y en el cual hay enormes territorios sin control, en donde son los cacicazgos locales o los poderes fácticos quienes dominan, disponen, deciden, resuelven y sentencian”.
