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Ambas poblaciones se disputan la titularidad de mil 600 hectáreas. En agosto de 2019 al menos 80 familias de la localidad San Isidro Zaragoza de Santa Catarina Yosonotú sufrieron un desplazamiento forzoso a causa de este conflicto y en octubre de 2020, dos hombres fueron asesinados en los límites territoriales que se ubican en la comunidad de Morelos.
El dirigente de Antorcha Campesina aseguró que desde hace unos meses han solicitado a la Secretaría General de Gobierno (Segego) que garantice la seguridad en la zona de conflicto con el despliegue de fuerzas de seguridad pública del estado; sin embargo, sus peticiones no han sido atendidas.
“Hemos estado pidiendo seguridad entre las comunidades encabezadas por el Movimiento Antorchista ante la Segego y que no se han cumplido con estos acuerdos, con la necesidad de seguridad. Lo que desembocó en un ataque el pasado viernes a vecinos de la comunidad de San Juan Tezoatlán que estaban haciendo y que fueron agredidos. Tenemos imágenes de las heridas que fueron provocadas en esta comunidad”.
Dimas Romero se negó a responsabilizar a alguna comunidad o persona de esta agresión que dejó como saldo tres personas heridas en San Juan Tezoatlán. En conferencia de prensa sostuvo que esa tarea de las instancias de investigación y procuración de justicia.
“No nos corresponde acusar que intervengan las autoridades y realicen un trabajo de investigación y de inteligencia. No les toca a los ciudadanos enfrascarse en un conflicto o discusión entre las comunidades. La autoridad tiene que realizar la investigación y decirnos qué está sucediendo”, puntualizó.
Adelantó que mañana las autoridades de las comunidades de Santa Lucía Monteverde que representa Antorcha Campesina arribarán a la capital del estado para exigir una reunión con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Mientras tanto, anunció que iniciarán una campaña nacional para denunciar que el gobierno de Oaxaca es omiso en atender las demandas legítimas de las comunidades, no sólo referentes a los conflictos agrarios y políticos, sino también de las necesidades de obra y servicios públicos.
“Estaremos iniciando una campaña de difusión nacional como último recurso legal y como derecho para exigir que se atiendan las demandas que hemos hecho desde hace varios meses”, informó.
