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Esta disputa de límites resurgió el 21 de marzo de 2024, cuando un grupo armado de Santo Domingo Teojomulco ingresó violentamente a la ranchería de El Tlacuache, localidad del municipio de San Pedro El Alto. Las personas armadas patearon las puertas de cada una de las casas y obligaron a salir a sus habitantes, para reunirlos en la cancha de la población.
Una vez reunidos las personas de la ranchería, entre mujeres, hombres y niños, y rodeados por el grupo armado, los obligaron a dejar sus hogares; o de lo contrario, amenazaron con matarlos. Algunos, fueron obligados a desnudarse por completo y los hicieron caminar por el bosque descalzos y sin ropa. A otros, les pusieron el cañón del arma en el pecho y en la espalda.
A 11 meses de estos hechos, alrededor de 250 personas víctimas de desplazamiento forzado viven en condiciones de hacinamiento, sin trabajo, sin servicios de salud, y sin la posibilidad de sostenerse económicamente.
Con los hechos ocurridos en 2024, invadieron alrededor de ocho mil hectáreas, precisamente las que corresponden a la zona en la que San Pedro El Alto tiene sus empresas forestales y de agua purificada con la que emplean a más de 800 personas con trabajos directos. Por ambas incursiones armadas, Santo Domingo Teojomulco, afirmaron, ha ocupado ilegalmente y por la fuerza el 40 por ciento de su territorio.
Los habitantes de San Pedro El Alto recriminaron que las autoridades federales y estatales no intervengan ante esta situación y que ni siquiera los mencionan en las mesas de seguridad agraria, pese a que este conflicto es considerado como uno de los “focos rojos”.
También mencionaron que ya hay una resolución del Tribunal Unitario Agrario en la que reconoce que las tierras invadidas por Santo Domingo Teojomulco son propiedad legítima de San Pedro El Alto, y en la que condena a la entrega real y material de la superficie que sus vecinos tienen en posesión de manera ilegal.
Además, un juez federal le concedió un amparo a la comunidad ante la omisión de las instituciones del Estado Mexicano de garantizar la seguridad en la zona, ordena garantizar la seguridad de manera completa y permanente, obliga a las instituciones a seguir manteniendo el diálogo entre ambas comunidades, y a concientizar a Santo Domingo Teojomulco para que permita el ingreso de las fuerzas armadas federales.
