Buscan reactivar bienes comunales en Istmo de Oaxaca para proteger sus tierras de las eólicas

Juchitán.- Óscar Marín Gómez fue uno de los mil 141 campesinos de Unión Hidalgo que se benefició con el carácter de comunero gracias a una Resolución Presidencial de 1964, que dotó de 68 mil hectáreas de terrenos a Juchitán y sus vecinos de Unión Hidalgo y Santa María Xadani.

Después de 48 años, exactamente el 24 de junio de 2012, Marín Gómez fue electo como representante de Bienes Comunales de Unión Hidalgo, región Istmo de Tehuantepec, desde donde se reactivó la asamblea comunal, cuyo principal fin es hacer frente a los proyectos eólicos que afectan la zona.

Una década después de ese nombramiento, a pesar de que  su vida fue amenazada en 2015, y de que ha sufrido persecución y criminalización por su lucha, se mantiene firme en proteger las tierras de uso común y ordenar la posesión de las parcelas.

El comunero hoy lleva en sus manos las principales preocupaciones de la representación agraria comunal de Unión Hidalgo, después de lograr la cancelación de la consulta indígena proyectada para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú del gigante energético Électricité de France.

“¿Qué sigue?, ¿qué pasará con las tierras que quedan fuera?, ¿cuál será el estatus de ellas, de los contratos?, tenemos muchas preguntas, pero también un gran trabajo de parte de todos los comuneros”, expone Marín Gómez a EL UNIVERSAL.

“Tenemos que poner orden en la parte de nuestro territorio invadido por nuestros vecinos de San Dionisio del Mar y Niltepec, el primero con mil 900 hectáreas, el segundo con 2 mil  600 hectáreas; en 2018, el tribunal agrario nos dio la razón en el caso de Niltepec, pero la zona sigue invadida en un 60%, no nos permiten cazar ni pescar. Ahora nos toca trabajar en la recuperación del territorio”, explica el comisario de Bienes Comunales de Unión Hidalgo.

 

Mantienen la vigencia de lo comunal

 

Óscar Marín Gómez y  los comuneros de Unión Hidalgo tienen muy claro que se encuentran en un tiempo “histórico”, en el que sienten que deben luchar y defender el carácter agrario de las tierras del municipio de Juchitán de Zaragoza.

Aunque el dirigente considera un reto el ejercicio de reactivación de los bienes comunales en el núcleo agrario que es Juchitán, por su compleja estructura política y social, menciona como ejemplo exitoso la reactivación de  la representación agraria en Unión Hidalgo hace exactamente 10 años, cuando la empresa eólica Demex llegó a sus tierras.

Carlos Manzo, comunero y luchador agrario, recuerda que a pesar de los 50 años que lleva vigente la Resolución Presidencial  de 1964, la cual reconoce la titulación de los bienes comunales del territorio, ésta no ha  perdido validez ni legitimidad en tanto no haya un decreto que la considere obsoleta o que interponga otro recurso.

 

Lee más:  Con 12 personas asesinadas en ataques armados en menos de 24 horas, vive Oaxaca uno de sus días más violentos

 

Esto ha permitido que jueces federales admitan amparos en defensa de los bienes comunales de Unión Hidalgo, como un acto que reclama el carácter comunal  agrario de las  tierras, logrando triunfos en actos de invasión de sus vecinos de Niltepec y San Dionisio del Mar.

 

Historia pendiente

 

El también académico rememora que después de la desarticulación de la asamblea del Comisariado de Bienes Comunales de Juchitán, en los años 70, la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) le apostó a la lucha organizativa política dejando a un lado la lucha agraria.

Fue entonces, detalla Manzo, cuando las sindicaturas municipales se encargaron de instrumentar la privatización de la tierra protocolizándolas a través de notarios públicos, lo que después permitió el fácil acceso de las empresas eólicas sin consultar.

“Después de la desarticulación de las asambleas agrarias en Juchitán y Unión Hidalgo se desconocen en automático los bienes comunales, lo que da paso a  las sindicaturas, son los síndicos municipales los que instrumentan un proceso de privatización que en los últimos 20 años ha llevado a legalizar las tierras a través de los notarios públicos, protocolizan el estatus privado de la tierra y con eso rentan a las empresas; eso es ilegal, porque se está ignorando olímpicamente el fondo legal comunal”, explica.

 

Para Carlos Manzo, existen  condiciones jurídicas y políticas para impulsar, fortalecer la lucha y el reconocimiento de los bienes comunales, además de reconstituir el sujeto histórico agrario del comisariado en Juchitán, que desapareció a finales de los años 70.

Andrea Matus, activista y defensora del territorio en Unión Hidalgo, subraya que la preocupación de los comuneros es el estatus legal de la tierra, pues a pesar de que la Secretaría de Energía canceló la consulta indígena, existe una disputa por la tierra y el territorio, por lo que llama a abogar por la reconstitución integral de las tierras al ámbito comunal.

 

Lee también:  Tras crimen contra familia en la Mixteca, suman 74 mujeres asesinadas en Oaxaca durante 2022