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Desde octubre del año pasado, la División Energía de la CFE contrató los servicios de la consultora Temura para que recorra las comunidades y busque convencer a las autoridades ejidales, con el propósito de que faciliten los permisos y realicen en sus parcelas estudios de topografía y mecánica de suelo, entre otros, de acuerdo con la coordinadora de Asistencia Legal de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Juana Ramírez Villegas.
A su paso por las comunidades, el personal técnico de la empresa Temura ha dejado un par de hojas simples, de las que tiene copia este medio, que tienen el título de Anuencia de Ingresos a Predios. Se trata de una especie de formulario en el que se establece que el campesino otorga su autorización para que, dentro de sus tierras, la CFE Energía, o a quien designe, realice recorridos con diversas dependencias como Semarnat, Conagua y Pemex, tomen fotografías aéreas, a ras de tierra y hagan avalúos.
En agosto del año pasado, la CFE Energía lanzó la convocatoria para conocer el interés de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, y que participen en el desarrollo de infraestructura de licuefacción de gas natural, como la construcción del gasoducto de 36 pulgadas, con capacidad para transportar 500 mil millones de pies cúbicos diarios. Según la convocatoria, el gasoducto debe contemplar dejar condiciones listas para la interconexión con los parques industriales del CIIT.
Según la asistente legal de Ucizoni, en la ruta del proyecto de la CFE Energía, los permisos de las comunidades debieron ser autorizados entre octubre y diciembre, para Eque a partir de enero empezaran los estudios e inmediatamente después, pasarían a las negociaciones para comprar las tierras que se necesitan para la introducción del tubo de acero, sus derechos de vías y áreas de maniobras.
“La CFE tiene prisa, tanta que están presionando a las autoridades ejidales, como el caso del presidente del ejido Mogoñé Viejo, Venancio Francisco Joaquín, quien ha dicho que lo quieren convencer a toda costa, a pesar de que la asamblea ejidal negó los permisos y rechazó la construcción del gasoducto, bajo el argumento de que no disponen de suficiente información y porque representa un peligro para la vida de las comunidades indígenas”, dice Ramírez Villegas.
Carlos Beas Torres, asesor de la Ucizoni, alerta sobre los peligros que enfrenta la soberanía de México con la construcción del gasoducto que correrá en paralelo a los ductos en los que Pemex transporta gasolina y crudo desde el sur de Veracruz, a la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, pues asegura que la CFE no ha realizado dicha obra ni la hará porque no tiene el dinero necesario para construirlo y “van a terminar por entregar ese gasoducto a capitales extranjeros”.
De acuerdo con Beas Torres, para la construcción del gasoducto y la planta de licuefacción que estará en Salina Cruz, ya se apuntaron las empresas estadounidenses, Mirage Energy y Northern Hemisphere Logistics. “Con ese gasoducto quieren revivir el viejo Tratado McLane-Ocampo, con el que se quiso dar el control del Corredor Interioceánico a EU. Podría ser el Tratado Marcelo Ebrard-Antony Blinken”, advierte.
Ante la insistencia y prisas de la CFE Energía y del CIIT, en las comunidades de indígenas mixes de Guichicovi y Matías Romero, donde también se oponen a la modernización del Tren Transístmico, los campesinos, dice Juana Ramírez Villegas, argumentan falta de información, pues no saben en qué los beneficiará ese gasoducto, mientras sus necesidades son de salud, empleo y educación.
“En todas las comunidades por donde la CFE quiere que pase el gasoducto, hay experiencias muy malas con los derrames de Pemex que han dañado tierras, arroyos, pastizales y ganado, pues no ha pagado esos daños (...) y la SCT aún no paga las afectaciones por la modernización de la carretera La Ventosa-Acayucan, que también forman del CIIT”, finaliza.
