La promesa del gobierno federal fue la entrega de nuevos terrenos en los que podrían continuar con sus actividades agrícolas, la construcción de carreteras y viviendas, entre otras.
Sin embargo, Joel Rojo explica que de las 260 mil hectáreas entregadas en el Uxpanapa, “90% no son aptas para la agricultura, sólo para la cría de ganado tirando la selva, actividad que culturalmente [los chinantecos] no desarrollaban”.
La diputada federal Irma Juan Carlos señala que desde hace algunos años el Comité Prodefensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas Chinantecos Desplazados por la Presa Cerro de Oro han insistido ante diferentes instancias del gobierno federal, para que atiendan sus demandas y cumplan con sus promesas.
Tampoco se les indemnizó económicamente de forma justa y adecuada, presentándose en la mayoría de casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se especifican en los libros que recabó la Comisión del Papaloapan.
Además, no les entregaron los materiales correctos para la construcción de sus viviendas y no les pagaron de forma adecuada las prestaciones a las que tenían derecho, en su calidad de expropiados y ejidatarios.
Por último, la supuesta entrega de infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva creación, en su gran mayoría sólo se hizo de forma documental, puesto que físicamente nunca se entregó el material y en otros casos sólo fue parcial.
El comité profedensa ha realizado múltiples gestiones que culminaron con la instalación de mesas de trabajo en las oficinas de la Procuraduría Agraria con sede en la Ciudad de Tuxtepec, en donde participa personal comisionado por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
“Son numerosas las historias de indígenas a los cuales nunca se les explicó correctamente qué estaba sucediendo. Simplemente les decían que se salieran de sus tierras o los iban a inundar y se iban a ahogar; que aceptaran lo que se les ofrecía o si no se quedaban sin nada. En muchos casos les hicieron grandes promesas de prosperidad en sus nuevos núcleos de población en donde se les iba a reacomodar; sin embargo, fueron engañados, puesto que en esa época prácticamente nadie hablaba o escribía en español.
“Los funcionarios de gobierno se aprovecharon entonces de la ignorancia y de la buena fe del pueblo indígena chinanteco, así como de la confianza que les brindaron a quienes consideraban representantes del gobierno federal. En suma, no se les respetaron sus derechos y garantías fundamentales como pueblos indígenas y, como consecuencia de ese proceso viciado e irregular, fueron engañados, timados y reacomodados en el olvido, al arrebatarles parte de su tradición y cultura, cortando sus lazos y núcleos familiares”, sostiene.
La propuesta, detalla la diputada federal, es que la Secretaría de Gobernación constituya una mesa de trabajo interinstitucional para atender las justas demandas de las y los campesinos chinantecos afectados por el proceso de expropiación de sus tierras iniciado el 30 de agosto de 1972, con motivo de la creación de la presa Cerro de Oro en Tuxtepec, y generar alternativas para resarcir, en lo procedente, los daños y perjuicios generados en todos estos años.
Esta mesa, dice, debe estar conformada por la Conagua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional, el INPI y representantes de los gobiernos de los estados de Oaxaca y Veracruz.
La exigencia, precisa, es que se les indemnice por la expropiación de sus tierras, que haya una nueva reubicación, dotación de tierras, creación de centros poblacionales y otorgamiento de seguridad jurídica, derivado de la expropiación de sus tierras, así como de las condiciones de vida actuales de los expropiados en los ejidos que se formaron con su desplazamiento, entre otras demandas.