Esa reunión se celebró el pasado 23 de enero en la sala de juntas de la presidencia de San Mateo del Mar, con la participación de una docena de instancias del gobierno estatal, encabezados por Flor Estela Morales Hernández, de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno estatal.
Y finalmente, aseguraron, se ha logrado el acercamiento personal y directo con verdaderos familiares de víctimas y afectados de los hechos de mayo-junio 2020, residentes en la comunidad de San Mateo del Mar.
La Comisión de Paz y Concordia, informaron, se creó por decisión de la asamblea comunitaria de San Mateo del Mar en septiembre de 2023, con el objetivo de reconstruir el tejido social y restablecer un clima de paz y tranquilidad en el territorio municipal y comunal, “buscando a atención y reparación integral del daño a las verdaderas víctimas y a afectados de los hechos de mayo-junio 2020”.
Esta Comisión se integra con un representante de cada una de las agencias, barrios y secciones que conforman San Mateo, electos por sus propias asambleas.
“Quien ni un sólo día de su ilegítimo mandato despachó en las instalaciones de la presidencia municipal en la cabecera de San Mateo- realizándose finalmente una Asamblea General, con presencia de observadores de la CNDH y de instancias estatales, para la elección de la actual administración municipal, sin la intervención de ningún partido político, como establecen nuestros sistemas normativos”.
Según los integrantes de la Comisión, los hechos violentos de 2020 se originaron a partir de los “ilegítimos intereses económicos y políticos de Jorge Leoncio Arroyo, persona totalmente ajena al Pueblo de San Mateo del Mar, y quien desde 2017 ha estado detrás de una serie de impunes acciones de provocación y agresión”.
También aseguraron que tras la violencia del año 2020, el territorio de San Mateo del Mar quedó en un estado de sitio y en un clima de tensión e intranquilidad, con la amenaza directa de la expedición de 261 órdenes de aprehensión con carpetas de investigación “integradas al vapor y sin apersonarse en el lugar de los hechos -con claras fallas al debido proceso- señalando como culpables a comuneros y comuneras que habían manifestado su abierta protesta contra la imposición de Bernardino y contra la intervención como asesor del empresario Jorge Leoncio Arroyo”.