Comuneros de Ayutla despojados de tierras piden acuerdo; se buscará diálogo: gobierno de Oaxaca

De un machetazo quedó destruida la lona de cuatro metros que el profesor ayuujk Pablo Vázquez Ramírez llevó a principios de año a terrenos del manantial, recuerda con tristeza, para protestar por el despojo de más de 300 hectáreas que sufrieron 23 comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla en 2017, a manos de sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo, quienes desde entonces dejaron al municipio entero sin acceso al agua.

A unos días de la inauguración oficial de la obra de agua potable en el manantial, que se supone deben compartir estas dos poblaciones de la Sierra Norte, los comuneros acusan que siguen sin acceso al agua, sin tierras y sin justicia para Luis Juan Guadalupe, asesinado en la agresión de 2017.

“Nuestra postura es que ya no nos oponemos a lo que hicieron, lo que queremos es que ellos tengan la humildad, la sencillez, la educación de decirnos cómo quedamos con nuestros terrenos. Lo único que queremos es que el gobierno nos tome en cuenta, esa es nuestra solicitud principal”, dice a EL UNIVERSAL Pablo Vázquez, de 42 años,  a nombre de los afectados.

Desde hace cinco años, los 23 comuneros han sufrido una serie de agresiones —algunas con denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGEO) y otras documentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos—, en un conflicto que en apariencia se resolvió con la firma de un convenio entre ambos municipios en junio pasado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador Alejandro Murat como testigos de honor.

“Ni Ayutla, ni sus pobladores conocen el convenio; los abogados lo leyeron y nos comentaron: ‘dice que ustedes, los que hicieron la demanda, no son ciudadanos de Ayutla y la autoridad pide disculpas a Tamazulápam por ustedes’”.

Se refiere a la demanda de amparo para la reconexión del agua que presentó como representante de los comuneros y que un juez federal resolvió a favor de Ayutla desde 2021. La sentencia no fue cumplida.

Vázquez Ramírez afirma que con tal de arreglar el conflicto, el presidente municipal de Ayutla, Jesús Galván Rojas, y el representante de Bienes Comunales, Walterio de Jesús Ramírez, aceptaron todas las condiciones de Tamazulápam, dejando en la indefensión a los 23 comuneros y al pueblo de Ayutla sin agua.

“Vamos a trabajar con ellos a través de la Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable”, expresa el secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero López.

No obstante, subraya que “en los territorios comunales no existen las propiedades individuales, siguen siendo propiedad de la comunidad, obviamente tampoco pueden ser arbitrarios o violatorios de los derechos humanos”.

Usos y costumbres, “a conveniencia”

El profesor de música recuerda que quienes machetearon su lona en el manantial, a inicios de 2022, fueron comuneros de Ayutla cercanos al edil, quien tiene aspiraciones políticas: “quiere ser diputado, él se ha amañado y abusado de la ignorancia de las agencias, como en el Congreso se ha valido de él para reelegirse”.

Fue la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del estado, Karime Unda Harp, quien en representación del gobernador Salomón Jara inauguró el 5 de diciembre pasado la obra en el manantial que Tamazulápam y Ayutla “comparten hoy como pueblos hermanos”, dijo.

Sin embargo, no hubo invitación pública al acto oficial y sólo acudió “una familia” de Ayutla, afirma Vázquez Ramírez, para quien la ausencia del pueblo es señal de que comienzan a ver “las mentiras [del edil], de cómo ha engañado a la agencias para permanecer en el cargo por tres años. La gente no es tonta”.

La obra, que aún no provee de agua a la población de Ayutla, fue posible gracias al convenio firmado a mediados de 2022, que dejó sin efecto la resolución del tribunal federal.

“El argumento fue que la ley no aplicaba para estos pueblos”, que se rigen bajo sistemas normativos indígenas; no obstante, los llamados usos y costumbres fueron usados a conveniencia, en asambleas amañadas, acusan.

“Ellos hacen las asambleas con o sin quórum, si están de acuerdo que lo arreglemos entre nosotros, que no vamos a tomar en cuenta la ley, los paleros dicen que sí, van a las agencias, recaban firmas, hacen el acta y con eso lo justifican”, señala Vázquez Ramírez.

“Veo muy complejo que un presidente de una comunidad como Tamazulápam y Ayutla haya tomado una decisión amañada”, responde el secretario Romero López; no obstante, “si hay exclusión, si hay despojo u olvido, tampoco creemos que sea lo mejor”.

Respecto al tema del agua, afirma que la Comisión Estatal estará pendiente del proceso de normalización, para que el líquido llegue a la población.

Desde 2017, los 23 comuneros y sus familias, más de 300 personas, insisten en dar la batalla por sus tierras; participan en asambleas y buscan a los gobiernos estatal y federal.

“Hemos estado como David contra Goliat, hemos sido aislados, mal vistos en la comunidad, todo por pedir que respeten nuestros terrenos, por dignidad. Lo único que pedimos es que respeten nuestras tierras, que lleguemos a un acuerdo”.

Para el profesor Pablo Vázquez Ramírez, la lucha por sus terrenos es también por sus hijos: “¿Cómo les voy a decir al rato, cuando me pregunten: ‘papá, ¿usted no hizo nada para defender mis tierras?’; pero sí lo hice y diré que perdí, pero que lo hice con dignidad”.