Juchitán.- Las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa rechazaron participar y ser sede de la consulta de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la Ley de Derechos Indígenas Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Mediante un pronunciamiento conjunto, relataron que el mes pasado trabajadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) les entregaron un cuadernillo donde se explica la propuesta de ley del gobierno federal.
En ese momento, también se enteraron que fueron elegidas como sede para la consulta fechada el 22 de agosto de 2026, sin haberlos consultado y sin el acuerdo de sus asambleas generales.
Por esa razón, explicaron, decidieron decir no a la consulta y ser sede para este proceso impulsado a través del INPI.
“Con esto reafirmamos que coincidimos con un número cada vez mayor de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respecto al contenido de la propuesta de iniciativa de ley indígena”, agregaron.
Sin embargo, manifestaron que su verdadero interés en que la nueva legislación fortalezca efectivamente los derechos colectivos, territoriales, culturales, ambientales, económicos y políticos de los pueblos y comunidades indígenas.
En particular, solicitaron que la nueva ley reconozca y proteja de manera expresa la situación jurídica de los bienes comunales de Chimalapas, así como la relación entre sus derechos como comunidad indígena y los derivados del régimen de propiedad social y la legislación agraria, la cual ha sido su petición desde hace muchos años.
San Miguel y Santa María Chimalapa exigieron que la ley reconozca que el territorio indígena comprende no solamente la superficie de tierra, sino también los espacios de importancia cultural, ambiental, histórica, espiritual y los recursos naturales vinculados a ese territorio.
Además, demandaron que el reconocimiento de los derechos indígenas no pueda interpretarse como sustitución, reducción o modificación de los derechos agrarias que corresponden a los núcleos de bienes comunales; y que la ley reconozca la importancia de las instituciones comunitarias y agrarias propias de su comunidad.
Por último, solicitaron que ningún proyecto, obra, autorización, permiso, concesión o medida administrativa que pueda afectar directamente el territorio de Santa María Chimalapa, pueda ser autorizado sin realizar previamente el proceso de consulta correspondiente y que éstos se sujeten a la decisión final de la asamblea comunitaria.
“Solicitamos que la ley establezca claramente casos en los que no sea suficiente una consulta meramente informativa o deliberativa y sea necesario el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, principalmente en proyectos que pueden provocar desplazamiento, afectar gravemente el territorio y la naturaleza, destruir sagrados de la comunidad, afectar fuentes de agua, comprometer sus recursos naturales o poner en riesgo la continuidad cultural y territorial”, precisaron.