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En el evento estuvieron representantes de la organización Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que da acompañamiento integral desde el 2013 a las y los comuneros de Unión Hidalgo.
Desde entonces dieron a conocer que la firma de los contratos se llevó a cabo sin respetar el carácter comunal de la tierra, sin información en lengua zapoteca y sin datos sobre las afectaciones que traería el proyecto, como daños a la tierra de cultivo, contaminación de la tierra por los aceites de los aerogeneradores y la disminución de la productividad de los terrenos, lo que afecta también la economía local.
Mientras, la amenaza de la instalación en Unión Hidalgo de otros parques eólicos a manos de capital extranjero permanece latente, por lo que en 2017 la comunidad tuvo que iniciar un nuevo proceso legal en el Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, en contra del otorgamiento de permisos para otras empresas sin una consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.
Actualmente, los comuneros piden a la Secretaría de Energía (Sener) que se suspenda la reactivación el proceso de consulta del nuevo parque eólico Gunna Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, argumentando que no existen las condiciones para llevarla a cabo en medio de la tercera ola de contagios y fallecimientos por Covid-19 en Unión Hidalgo, y en todo el Istmo de Tehuantepec, y asegurando que al gobierno y a la empresa no les importa el riesgo que implica para las miles de personas que participarían en este proceso.
