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La ex subdirectora de Administración de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns, aseguró que cada año esta dependencia federal ha dejado de cobrar alrededor de 44 mil millones de pesos por el uso del recurso hídrico a las grandes industrias y prestadores de servicios.
Durante su participación en el parlamento abierto ciudadano realizado en Oaxaca sobre las reformas para una nueva Ley Nacional de Aguas, aseguró que desde hace 10 años la Conagua sabe de esta falta de cobro y lo cual también está documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Incluso, dijo, la dependencia federal contrató la realización de un estudio para determinar si cobrar el agua a los usuarios industriales y de servicios afectaría sus ganancias y operaciones; pero el estudio arrojó que no tendría ningún impacto negativo en la continuidad de estas empresas en el país.
“La Conagua sabe que no les afectaría el costo del agua para estas empresas, porque es tan bajito que ni siquiera les afectaría cobrarlos y tendríamos 44 mil millones más para restaurar cuencas para los sistemas comunitarios, para plantas de tratamiento que realmente funcionen, etcétera. Entonces, esto que estamos diciendo es central. Eso es la impunidad fiscal”, sostuvo.
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Elena Burns precisó que hay más de cuatro mil 300 millones de metros cúbicos concesionados de agua para uso industrial y de servicios, y cada año únicamente se están pagando derechos por alrededor de 900 millones de metros cúbicos; es decir, apuntó, sólo se están pagando sobre una quinta parte de los derechos que están registrados en el Registro Público de Derechos del Agua.
Esto contrasta, afirmó, con la presión que existe contra ejidatarios, campesinos y comunidades para que paguen el uso del agua, y en muchos casos, ellos no tienen la manera de comprobar que hayan aprovechado el agua durante dos años. Y si no pagan, les retiran el derecho concesionado del agua o se les “invita” a vender los derechos a inmobiliarias, por ejemplo.
“Bueno, eso viene ahora tal cual, porque hay mucha presión por obtener volúmenes de agua y lo que estamos proponiendo es que la Conagua deberá extinguir los derechos de los usuarios que no han pagado sus derechos; pero que se deje a salvo a los usuarios agrícolas y pecuarias”.
En su participación, también aseguró que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, está preocupada e interesada porque haya más agua para las ciudades y los proyectos estratégicos de su gobierno.
Y para obtener esos volúmenes del líquido que requieren, ha presionado a la Conagua para declare la extinción de miles de concesiones de agua que fueron otorgadas a ejidos, comunidades y pequeños productores que no lograron solicitar una prórroga para renovar su concesión, con más de seis meses antes de que perdieron su vigencia.
Elena Burns mencionó que cuando trabajó en la Conagua le daban listas muy largas de concesiones en un archivo Excel para pedir que extinguiera esas concesiones otorgadas a ejidos, comunidades y pequeños productores; éstas, agregó, representan el 80 por ciento de las concesiones otorgadas, pero sólo el 20 por ciento del agua concesionada.
Esto, afirmó, ya está ocurriendo en la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango, donde los campesinos y ejidos no solicitaron a tiempo su prórroga porque se presentó la pandemia de Covid-19, pese a que sus concesiones se realizaron a través de un decreto presidencial.
“Pero es el derecho humano, porque el derecho humano es para tomar agua y para la agricultura de auto sustento.
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“Entonces, todo esto es algo que vamos a tener que escudar porque viene la aspiradora en serio, ya está en La Laguna (región de los estados de Coahuila y Durango), no estoy inventando, en La Laguna ya están extinguiendo las concesiones de los ejidos que tienen dotación por decreto presidencial a su derecho a las norias y los están extinguiendo porque durante la pandemia las oficinas estaban cerradas, no dieron y ya no pidieron su prórroga de tiempo”.
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