Tlaxiaco. – A un mes y medio de que, al menos 293 personas de la comunidad de Buenavista, fueran desplazadas por la violencia, las autoridades de Santiago Yosondúa exigen al gobierno del estado de Oaxaca que priorice la crisis humanitaria que atraviesan las víctimas del desplazamiento forzado interno, además de la imparcialidad en el tema agrario.
“Demandamos una actuación imparcial del gobierno del estado de Oaxaca y la presencia de fuerzas federales que disuaden la conducta delictiva de las autoridades municipales y agrarias de Santa María Yolotepec y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca continúe y perfeccione las carpetas de investigación por los delitos que han cometido las autoridades de Yolotepec y que aún están impunes”, expusieron las autoridades tras una asamblea comunitaria.
De acuerdo a un comunicado, la autoridad agraria de Santiago Yosondúa dio a conocer, que Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), no ha sido imparcial en las mesas de trabajo sostenidas por el conflicto con Santa María Yolotepec.
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En este contexto, señalan que se investiga a las autoridades de Yosondúa por los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto; el titular les señala que las armas de fuego y uniformes de uso exclusivo del ejército mexicano confiscados por la autoridad municipal de Yosondúa, iban para la misma población. Sin embargo, precisan que fueron las autoridades de Yosondúa quienes detuvieron a un ciudadano que portaba dichas provisiones y enseguida lo pusieron a disposición de la Vicefiscalía de Huajuapan.
“Que tiene toda la información de cada asamblea y saben quiénes lideran estas asambleas. Que tienen intervenidos nuestros teléfonos y que espían todos nuestros movimientos. Sospechosamente Jesús Romero Nunca mencionó la situación de las personas de Santa María Yolotepec que están portando armas de uso exclusivo del Ejército y están continuamente disparando y siguen impunes los hechos violentos ocurridos en agosto”, explican en el comunicado.
En tanto que el que la Junta de Conciliación Agraria y otras instancias federales harán un recorrido en la zona para Trabajos Técnicos Informativos, “para que se lleven a cabo las mediciones, pero conforme al territorio que protege el amparo 1526/2014 y su acumulado 1547/2014 y que fue ratificado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa en el Amparo en Revisión 263/2016”, precisaron.
Las autoridades también dieron a conocer que no fueron cumplidos los acuerdos establecidos con el titular José Carlos Fuentes Ordaz, delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, como la presencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en las asambleas; una reunión en Santa María Yolotepec para que les explique los términos en los que está el amparo agrario que protege la posesión de Buenavista y Chikava. Y, mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional.
En tanto que el gobierno de Oaxaca y el gobierno federal aún no generan condiciones de seguridad para que las familias desplazadas retornen a su pueblo de origen, las familias permanecen refugiadas en condiciones no dignas en las instalaciones del municipio de Yosondúa.
“Solo queremos regresar a nuestras casas, a ver nuestros cultivos, nuestros animalitos que se quedaron ahí solos y ahora no sabemos de ellos”, dijo unas las víctimas.
Por otro lado, las autoridades de Santa María Yolotepec siguen condicionando el retorno de las familias, de acuerdo a su último comunicado.