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Ante la exigencia de 23 comuneros y comuneras de San Pedro y San Pablo Ayutla, quienes denuncian que no se les consultó sobre el acuerdo que tomaron sus autoridades municipales y las de Tamazulápam del Espíritu Santo, para definir los límites entre ambas comunidades, que contempla el despojo de sus tierras, la Procuraduría Agraria considera que el escenario ideal es que se les respete la posesión sobre sus parcelas, sin importar el lado en el que queden.
Luego del anuncio de que las autoridades municipales de estas poblaciones ayuujk, ubicadas en la Sierra Norte de Oaxaca, habían llegado a un acuerdo para poner fin a la mancomunidad de sus territorios y convertirse en comunidades autónomas en materia agraria, 23 comuneros denunciaron que dicho convenio entregaba oficialmente sus tierras a Tamazulápam, la comunidad que se las arrebató tras una agresión armada en 2017.
Se trata de parcelas de Ayutla ubicadas en los parajes Las Islas y El Manantial, que en conjunto suman unas 150 hectáreas de tierra, mismas que les fueron arrebatadas junto con el manantial, lo que dejó sin acceso al agua potable a 3 mil personas de la cabecera municipal.
Según el documento firmado este 2 de septiembre, más de cuatro años después del despojo, y pese a la existencia de una sentencia federal definitiva a favor de Ayutla, estas tierras quedarían del lado de Tamazulápam, afectando a 300 personas, de acuerdo con los comuneros. Mientras que el manantial se dividirá a 50%, pese a que Ayutla posee una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1999.
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Según Gonzalo Villalobos López, delegado federal de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, ante la complicada situación de este conflicto, que ambas comunidades que antes no podían ni sentarse juntas a dialogar hayan llegado a un acuerdo, debe considerarse un gran avance, incluso pese a la denuncia de comuneros. Esto, explica, porque aún falta el perfeccionamiento jurídico para que se lleve a cabo el acuerdo.
“Hay que hablar con ellos, sensibilizarlos respecto de que el sacrificio que puedan hacer cediendo un poco, va a permitir que la región gane muchísimo, incluso, el tema del agua está siendo superado”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.
Pese a ello, considera que el escenario ideal para no violentar los derechos de estos comuneros es que se les respete su posesión sobre la tierra, sin importar si sus parcelas quedan de lado de Ayutla o de Tamazulápam, aunque sabe que en este tipo de conflictos la identidad está ligada a la territorialidad.
Esto es precisamente lo que exigen los comuneros que resultan despojados con el acuerdo. Según Laura Morales, una de las 23 campesinas de Ayutla cuyas tierras serán cedidas, explica que aunque en el documento dice que los afectados pueden exigir una indemnización, no están dispuestos a dejar las tierras de sus abuelos, y lo que piden es que se respete su derecho sobre ellas, aún cuando queden del lado de Tamazulápam.
“El escenario ideal es el respeto de la posesión, porque son el medio de vida de las personas. Pensar que salgan de su tierra y te indemnizo, siempre va a traer un resabio de no haber aceptado”, coincide Villalobos.
El funcionario federal dice que si los comuneros están en esa disposición, lo mejor es que se les respete la posesión mediante un acuerdo entre ambas comunidades, que puede ser acompañado por la Procuraduría Agraria. De no aceptar, cuentan con una alternativa jurídica para defender sus derechos.
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Incluso, señala que si estas 23 personas acudieran a la procuraduría para pedir que se defiendan sus derechos, la dependencia federal lo haría “promoviendo siempre el diálogo y un arreglo conciliatorio”:
“Tengo esperanza en que estas 23 personas van a lograr este acuerdo y que este avance lleve a una solución al conflicto de límites que tienen”, finaliza.
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