Demanda Federación a ayuntamiento de Mitla, por destino de recursos para proyectos productivos

Los recursos correspondían al Ejercicio Fiscal 2013 y su aplicación tenía como objetivo “fomentar la creación, modernizaciones, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad en las empresas del sector abasto”.

Demanda Federación a ayuntamiento de Mitla, por destino de recursos para proyectos productivos
Foto: Tomada de Facebook
Municipios 05/06/2021 13:09 Fernando Miranda Oaxaca Actualizada 13:09

Oaxaca de Juárez.– La Secretaría de Economía del gobierno federal demandó por la vía civil al Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, así como al gobierno de Oaxaca, para que respondan por el destino de un millón 463 mil pesos, provenientes de recursos federales del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), a través del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca).

La demanda civil en contra de este municipio de la región de los Valles Centrales de Oaxaca se interpuso el pasado 23 de noviembre de 2020 y fue admitida un día después en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, con el número de expediente 254/2020, del cual EL UNIVERSAL tiene copia.

De acuerdo con el expediente, dichos recursos correspondían al Ejercicio Fiscal 2013, período en el que gobernó el municipio Alejandro Galo Bustamante (PAN) y según las reglas de operación del Fondo PYME y el convenio de coordinación entre las distintas autoridades, su aplicación tenía como objetivo “fomentar la creación, modernizaciones, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad en las empresas del sector abasto”.

Sólo en 2013, este programa se aprobó para 20 proyectos en 13 entidades del país; además, para otros ocho proyectos en municipios contemplados en el entonces Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y a 12 más que se desarrollaron en municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa ampliamente cuestionado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

En particular, según la Secretaría de Economía, el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) tiene como objetivo general “promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector agroalimentario, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos”, para con ello favorecer la generación de empleos y la atracción de inversión.

“El otorgamiento de apoyos es para la construcción o equipamiento de proyectos integrales de infraestructura logística o de abasto, estudios o planes maestros para el desarrollo de proyectos logísticos, desarrollo de competencias en capital humano, modernización e innovación de sistemas logísticos y abasto”, indica la dependencia federal.

Pese a ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) señaló que el programa no cuenta con un diagnóstico que permita identificar de una manera precisa y puntual el problema de política pública que intenta resolver y que la definición de la población potencial “no incluye el problema o necesidad de las empresas del sector agroalimentario que justifica la intervención del gobierno”.

Además, determinó que el programa no documenta sus resultados a nivel de “Fin y Propósito” con estudios o evaluaciones con metodologías rigurosas que permitan medir sus efectos en la población beneficiaria, “lo cual impide conocer la efectividad del programa”.

En el caso de Oaxaca, la demanda civil contra el ayuntamiento de Mitla fue interpuesta por Carlo Magno de Jesús Gómez Gasca, Director General de Control y Procedimientos de la Secretaría de Economía del gobierno federal y le fue notificada tanto al Ayuntamiento de Mitla como al gobierno de Oaxaca por el Juzgado 1 Civil de Tlacolula. La cédula de notificación fue recibida el pasado 19 de enero por Rubí Verónica Juárez García, síndico municipal.

EL UNIVERSAL buscó a Abelardo Ruiz Acevedo, actual presidente municipal de Villa de Mitla, para buscar su versión sobre la demanda que interpuso el gobierno federal al ayuntamiento que encabeza, pero no se obtuvo respuesta.

 

 

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