Denuncia Cedhapi falta de seguridad en comunidad agredida de Atatlahuca, Oaxaca
No existen medidas de seguridad pública, pese a la violencia registrada entre el 21 y 23 de octubre
Oaxaca de Juárez.- El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) denunció que en la localidad Mier y Terán de San Esteban Atatlahuca no existen medidas de seguridad pública, pese a la violencia registrada entre el 21 y 23 de octubre que, de acuerdo con la organización, causó la muerte de al menos tres personas, cuatro desaparecidas y el desplazamiento de cerca de 400 habitantes.
Al no existir ningún cuerpo policial ni militar, aseguró que los habitantes de esta comunidad viven en un estado de zozobra y miedo por el temor de que sean agredidos.
Mientras que a la vigilancia la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca (Segego) afirma que hay, esta se limita la comunidad de Guerrero Grande, en donde hay elementos del ejército, Guardia Nacional, y una camioneta de la policía estatal, afirmó Cedhapi.
El Cedhapi reconoció la ayuda humanitaria brindada por la Segego, pero sostuvo que no es suficiente porque son más de 70 familias de la comunidad de Guerrero Grande que se les quemaron sus casas, algunas de las cuales están viviendo en la iglesia de la comunidad de Guerrero Grande.
Otras familias, señaló, se encuentran refugiadas en la comunidad de Mier y Terán, y más de 16 familias de la comunidad de Ndoyonuyuji perdieron sus casas siendo desplazados y se encuentran viviendo en las instalaciones el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la Ciudad de Tlaxiaco.
“Cabe referir que los habitantes de Ndoyonuyuji que se encuentran en el refugio del INPI están efectuando diversas actividades, como son bordado, pintura y tallado de madera”, informó.
Para la organización, el reconocimiento por parte de la Segego de que existe desplazamiento forzado interno de habitantes de las agencias municipales de Ndoyonuyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande, conlleva a cumplir con una verdadera ayuda humanitaria como lo disponen los estándares internacionales en materia de desplazamiento forzado interno de personas.
Es decir, que debe de ser, alimentación, salud, educación, y sobre todo protegiendo los derechos de los niños, niñas y mujeres.
También confirmó que hasta la fecha han retornado 75 familias de la agencia de Guerrero Grande; pero apuntó que fue en forma provisional para ir a buscar a sus animales que se perdieron durante la agresión armada.
Y no pueden retornar a sus hogares porque no tienen a donde llegar, ya que sus casas fueron totalmente calcinadas.
“Por lo tanto estas familias se encuentran viviendo en forma inhumana en la iglesia de la comunidad de Guerrero Grande sin servicio de agua potable, alimentación, existiendo un gran número de niños, niñas y ancianos”.
