El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que persiste la violencia de Estado contra la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, una comunidad de Oaxaca ubicada en la región de la Cañada.
La comunidad indígena de Eloxochitlán, explicó, continúa exigiendo la libertad absolutoria para Miguel Ángel Peralta Betanzos, defensor comunitario sentenciado injustamente a 50 años de prisión y actualmente exiliado.
Además, agregó, el retorno seguro de más de 14 habitantes y sus familias que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, la cancelación de las 200 órdenes de aprehensión contra 56 comuneros y el alto total a la destrucción y extracción de materiales pétreos del Río Xangá Ndá Ge.
“Doce años han transcurrido desde que se acrecentaron los ataques contra la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, y la persecución y represión continúan”, afirmó.
Según el CNI, la comunidad mazateca y el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón ha vivido en los últimos años “la guerra de exterminio y la represión masiva del estado mexicano en toda su intensidad, por la simple razón de defender lo que le resulta sagrado: su autonomía para gobernarse por sí misma de acuerdo con sus formas de organización propias”.
Y aseguró que otras de las causas o razones de esta violencia de Estado es la defensa del Río Xangá Ndá Ge, el cual se encuentra en peligro de morir debido a la explotación de los materiales pétreos que se guardan en su lecho por parte del cacique local Manuel Zepeda Cortés, expresidente municipal de Eloxochitlán, y su hija Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local por Morena.
“Ante esta violencia sistémica ejercida contra la comunidad mazateca, las mujeres y hombres siguen organizándose para seguir resistiendo contra la imposición de familias caciquiles por parte de intereses externos que tienen el propósito de controlar políticamente y despojar a la comunidad de Eloxochitlán”.
Hasta ahora, han ido ganando la libertad de sus presos políticos y el retorno de varias familias desplazadas; logrando las últimas liberaciones, tras más de 9 años de prisión preventiva, en junio del año 2024.
El CNI acusó la utilización del sistema judicial como instrumento de tortura, porque a pesar de haber ganado la mayoría de las libertades en todos sus procesos, “la anteposición de cuestiones administrativas de parte de algunos jueces de Boca del Río, Veracruz, para evadir estudios de fondo en los juicios de amparo, en lugar de resolver sobre la ilegalidad de la persecución”.