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Tlaxiaco. - El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI) denunció desmonte y tala de árboles en el paraje “Yoos Kivi”, ubicado en la comunidad de Guerrero Grande, Atatlahuca; prevén enfrentamientos por la falta de intervención de autoridades estatales y federales.
En un informe, señala el Cedaphi junto a las autoridades de Guerrero Grande, Mier y Terán, así como la representante de beneficiarios de medidas cautelares de Ndoyonoyuji que, desde el pasado 09 de mayo, las autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca ingresaron con maquinaria pesada para derribar árboles en un perímetro de aproximadamente dos hectáreas, en el lugar conocido como “Yoos Kivi”, afectando la flora y fauna de esta zona.
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Además, el pasado 12 de mayo, narran “autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca llegaron con un grupo de personas de Guerrero Grande, y personas armadas, metiendo máquinas pesadas, abriendo brechas y destruyendo la flora del lugar.
En ese mismo espacio, en reiteradas horas del día se han escuchado detonaciones de arma de fuego”, comentan.
Por el daño a la flora y fauna, solicitan la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investiguen a los responsables del desmonte y cambio de uso de suelo en área boscosa del paraje “Yoos Kivi”.
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Construcción de viviendas podría generar violencia nuevamente
Y es que indican que este espacio donde trabajan las maquinarias, estarán colocadas las viviendas del otro grupo de personas desplazadas a principios de octubre del 2021, antes que otras familias que huyeron durante el conflicto del 21 al 25 de ese mismo mes.
En la denuncia detallan que, nuevamente el 16 de junio, aproximadamente a las 10:00 horas de la mañana, nuevamente en Yoos Kivi, se encontraban una retroexcavadora, excavadora y motoniveladora, realizando trabajos de rastreo y excavación.
“Cabe referir que, debido a esta situación, existe una situación de inseguridad para los beneficiarios de medidas cautelares, por lo que se vive una situación de zozobra y miedo”, precisan, mediante un comunicado.
La violencia en esta zona de la Mixteca de Oaxaca desplazó a más de 300 personas durante los días del 21 al 25 de octubre del 2021, cuando un grupo armado quemó a más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.
En consecuencia, de esos ataques armados, el día 23 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares MC-1050-21 a las familias víctimas de la violencia.
De estos hechos violentos, personas como Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios siguen desaparecidos.
La Cedhapi, agrega que las familias desplazadas de estos ataques armados, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos de manera sistemática, “el Estado mexicano a través de representantes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, han intervenido de manera parcial; Y, hasta el momento no existe ninguna persona detenida de los homicidios, desapariciones y quemas de casas”.
