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Organizaciones de la sociedad civil y activistas denunciaron una serie de despojos de tierras en comunidades indígenas de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y en los que también se ha criminalizado y asesinado a los defensores del territorio.
En el “Foro por la defensa del territorio y derechos agrarios de comunidades y campesinos de la costa oaxaqueña”, explicaron que se trata de un “avance agresivo” de proyectos de privatización de playas, desarrollos inmobiliarios y el actuar impune del llamado Cártel del Despojo, de una red de intereses empresariales, políticos y criminales que opera “con total complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales”.
Uno de esos casos es el de Miguel Sánchez Hernández, un campesino indígena originario de la localidad de Salchi, Cuatunalco, en San Pedro Pochutla, es víctima de intento de despojo. En estos hechos, aseguraron, están implicados políticos que anteriormente eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ahora están cobijados en el PVEM y en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Las organizaciones señalaron específicamente a Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Jesús Reyes -alias “Chucho Reyes”- y Alfonso Esparza.
“También son cobijados por los integrantes del Cártel del Despojo y por el Cártel del Saneamiento Financiero, quienes han irrumpido violentamente en la vivienda de nuestro compañero Miguel, amenazándolo de muerte y empleando a un grupo armado para intimidarlo”.
El objetivo, afirmaron, es expulsarlo de sus tierras con la intención de construir un proyecto hotelero, inmobiliario y turístico en esta playa; sin embargo, “no han podido doblegar la determinación de un campesino que toda su vida la ha dedicado al cultivo de sus tierras”.
Ahora, sostuvieron que el despojo ya no se disfraza, sino que viene con nombres de “inversiones”, “progreso” y “desarrollo”, pero detrás de esos discursos se esconde el modelo capitalista y neoliberal que busca convertir las tierras sagradas y playas comunes en mercancía para el turismo de élite, expulsando a las comunidades, destruyendo los ecosistemas y robando la historia.
Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Oaxaca que continúe con el seguimiento a las denuncias en contra de Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Alfonso Esparza y Jesús Reyes, responsables del intento de despojo territorial contra Miguel Sánchez Hernández.
Demandaron, también, medidas de protección por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, para que garanticen la vida e integridad física y moral de Miguel Sánchez y su familia; así como de la posesión de sus tierras que hasta hoy mantiene.
Piden justicia por defensores asesinados
Además, pidieron justicia por el asesinato de Abraham Hernández González, a quien asesinaron por defender, junto a Miguel Sánchez, las tierras de playa de Salchi. “A siete años de su cobarde asesinato, las carpetas de investigación siguen sin avanzar y los culpables gozan de total impunidad”, afirmaron.
Otro caso es la persecución judicial contra Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, defensores de las playas San Agustín y el Coyote en Santa María Huatulco, a quienes Israel Carreño Morales, empresario inmobiliario, en complicidad con jueces y fiscalía regional de la Costa fabricó delitos en su contra.
Y a estos se suma la persecución judicial de 21 personas defensoras del territorio, integrantes de la legítima Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul. Estos, por el presunto despojo de Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas y Joel Ricárdez López, que “quieren confundir a la opinión pública con su apócrifa sociedad agrícola ganadera el Coyul Oax S. C. y que, a través de su organización corporativista UNECACI, continúan despojando playas y tierras, utilizando nombre y sellos de autoridades agrarias sin consentimiento de asamblea”.
